Repsol denuncia el intento de impedir la salida de Bolivia de su ex presidente, Julio Gavito

La filial boliviana de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF ha denunciado que dos fiscales intentaron impedir ilegalmente la salida de este país del ex presidente de esa empresa Julio Gavito, quien logró partir hacia Buenos Aires y Madrid.

Un comunicado de la empresa "rechaza el increíble e ilegítimo atropello" de los fiscales José Centenaro y Alberto Cornejo, que trataron de impedir la partida de Gavito "en franco desconocimiento de la orden judicial de suspensión temporal del arraigo que lo autorizaba a viajar".

Actuaron en desconocimiento de la orden judicial de suspensión temporal del arraigo que lo autorizaba a viajar
Gavito y el jefe de operaciones de Repsol, el argentino Pedro Sánchez, están
acusados de contrabando y fueron detenidos varias horas en marzo en la ciudad de Santa Cruz, sede de la petrolera, pero el Tribunal Constitucional declaró
inválida en abril la
orden de captura dictada por Centenaro y Cornejo.

La compañía tramitó la suspensión temporal de la orden que impedía a Gavito salir de Bolivia, presentando un requerimiento de la sede central de Repsol en Madrid para que se presentara allí, y se le concedió un permiso de diez días que fue firmado por la Dirección Nacional de Migración, agrega el comunicado.

"Gavito cumplió todos los procedimientos necesarios para pasar el control migratorio sin que se registraran inconvenientes".

Sin embargo, prosigue Repsol, "cuando ya estaba a punto de subir al avión, fue interceptado por dos policías que, en representación del fiscal de distrito Jaime Soliz, le impidieron continuar el abordaje".

Según el comunicado, "el increíble e ilegal argumento de la fiscalía fue que no conocía la resolución y exigía ver el expediente, en circunstancias de que éste se encuentra en el juzgado y, por lo tanto, no podía estar disponible en el aeropuerto".

Gavito finalmente pudo viajar, aunque en un vuelo posterior al que tenía previsto, cuando los fiscales reconocieron finalmente la validez de su permiso."Resulta una

gravísima violación de la ley la conducta del ministerio público, que se atribuye facultades de control migratorio, de las que carece, para realizar
una detención ilegal abusando del uso de la fuerza pública", añade Repsol YPF.

La petrolera niega la acusación de contrabando y ha denunciado en varias ocasiones extralimitaciones de los fiscales de Santa Cruz, en un caso que ha tensado las relaciones de España y Bolivia aún antes de la nacionalización de los hidrocarburos que decretó el pasado día 1 el presidente socialista Evo Morales.

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