El Pleno de la Diputación de Valladolid reunido este viernes ha rechazado con los votos en contra del PP una proposición del PSOE para exigir a la Junta de Castilla y León la "adecuada financiación y gestión" de las escuelas infantiles municipales, que prestan servicio a más de 2.500 niños de la provincia entre cero y tres años y en las que la Junta ha aplicado recortes desde 2009, según ha expuesto el portavoz socialista, Juan José Zancada.

El PSOE ha solicitado que la Consejería de Educación asuma "a todos los efectos" la gestión del Primer Ciclo de Educación Infantil, que en la actualidad es competencia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con el propósito de que se ofrezca un servicio educativo "de calidad y garantía" a los niños de hasta tres años y, en caso contrario, que la aportación de la Junta "al menos vuelva a los parámetros de 2009".

"Exigimos lo que creemos que es un derecho", ha señalado Zancada, quien ha recordado que el recorte aplicado por la Junta en la financiación de este tipo de centros educativos ha sido superior al 63 por ciento respecto al año 2009 —ha pasado de un millón de euros a poco más de 360.000 en 2011, según ha precisado— y ha afectado a 32 escuelas de 17 municipios de la provincia.

Asimismo, ha lamentado que se cargue a los ayuntamientos con competencias "que no les corresponden", dado que "en su momento" los entes locales solo aceptaron una financiación "a tres" junto a la administración regional y a las familias, por lo que ha apuntado que "el problema" es que la Junta tiene atribuidas "un 70 por ciento de competencias, pero no las ejerce".

Por su parte, el portavoz popular, Artemio Domínguez, ha replicado que el actual momento no es propicio para realizar exigencias, por lo que ha asegurado que se debe "instar" al ejecutivo regional a que "mantenga las ayudas a los centros infantiles cuya titularidad sea de las entidades locales, para que sea financiada a terceras partes junto a las ellas y las familias" y ha recordado la importancia del programa 'Crecemos', "en el que sí se ha mantenido la financiación para el medio rural".

El portavoz de IU, Salvador Arpa, ha apoyado la proposición socialista porque "los ayuntamientos se están viendo obligados a externalizar ese servicio público", y ha indicado que si la competencia perteneciese a Educación, se tendría que aplicar la gratuidad. "Es como si los hospitales dependiesen de Familia, aunque también tengan un cierto carácter asistencial", ha criticado.

Bajas económicas en planes provinciales

Precisamente, Arpa ha sido el promotor de la otra proposición de la sesión plenaria, en la que ha solicitado que el dinero obtenido por las bajas económicas que se producen en las licitaciones de obras de los Planes Provinciales se destine al mismo municipio donde se produce, con el objetivo de lograr una "mayor equidad y justicia" en el reparto del dinero que les corresponde a los ayuntamientos.

La propuesta, que ha sido rechazada con los 17 votos en contra del PP por su "imposibilidad técnica", pretendía que el remanente tras las licitaciones de las obras sirviera para sufragar la aportación municipal a esa misma obra, así como para abordar mejoras en la misma o llevar a cabo otras a mayores.

El PSOE, que ha asegurado compartir "el espíritu" de la proposición, la ha apoyado tras proponer una modificación en su redacción, y ha destacado que se trata de una "cuestión de voluntad política", a pesar de que "encajar las diferentes normativas supone un reto", según ha admitido la formación.

Para el PP, la modificación resulta "imposible con la legislación actual", ya que los planes complementarios "se elaboran antes de que se produzcan las bajas", según han detallado. "No solo dinero que se ahorra la Diputación, también el Estado, la Junta y los propios ayuntamientos", se han defendido los populares.