El portavoz de Medio Ambiente del PP, Carlos Floriano, ha señalado que mientras este partido estuvo en el Gobierno le otorgó "absoluta prioridad al trasvase del Ebro" pero ha añadido que, en la actualidad, hay "unas desaladoras que no se van a achatarrar" porque el PP "no es partidario" de derogar lo que está hecho sino de buscar otras fórmulas.

Así, durante un debate abierto sobre el agua en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Floriano ha invitado al resto de partidos políticos a llegar a un pacto nacional del agua basado en la "transparencia, la participación de todos, la sostenibilidad económica, medioambiental y social, la solidaridad interterritorial y la unidad de cuenca, que garantice el suministro en cantidad, calidad y precio", tras una legislatura que se ha "perdido" en "derogar, aprobar y volver a derogar lo aprobado".

Además, ha lamentado que España no cumpla con los compromisos europeos ni en depuración ni en materia de unidad de cuenca, en un país con zonas de escasez de agua y épocas de inundaciones, así como la "situación caótica de con las desaladoras", por lo que considera necesario buscar un "mix" de agua adecuado.

En ese sentido, ha pedido que se aprueben los planes hidrológicos de cuenca, el impulso a las obras de regulación necesarias, la valoración de los recursos e infraestructuras y que el agua no se utilice "más" como "arma de confrontación política ni electoral".

Por su parte, el representante del PSOE José María Macías, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha elogiado las plantas de desalación porque han permitido superar la "peor sequía" de los últimos años y ha destacado que el PSOE propone una "política de continuidad". Asimismo, ha dicho que la crisis obliga a vincular la política del agua a la necesidad de recortes presupuestarios y ha abogado por un "uso responsable" de los recursos, la sostenibilidad y la solidaridad intergeneracional.

Sobre el Plan Hidrológico Nacional, ha indicado que está "prácticamente completado" por lo que es el momento de buscar una explotación "más racional" de los recursos y la defensa de los valores ecológicos de los ríos.

En este contexto, ha asegurado que el PSOE no está en contra de los trasvases si respetan los caudales ecológicos; que se debe los planes hidrológicos de cuenca y desarrollar una nueva legislación para reducir la contaminación así como reformar las tarifas y modernizar los regadíos para ahorrar agua y energía.

Además ha dicho que al PSOE no le gusta el trasvase del Ebro por "motivos económicos y medioambientales" sino que apuesta por el agua desalada, reciclada y por la modernización de regadíos para Murcia.

Mientras, el asesor de CiU Antoni Picó, ha dicho que la política del agua debe enfocarse desde las perspectiva de las infraestructuras; la financiación; y la organización administrativa y ha reivindicado que las comunidades autónomas con cuencas propias tengan "capacidad de decidir".

Sobre su mix ideal, ha expresado que CiU es "partidaria" de políticas para incentivar el uso racional del agua, su reutilización y la recuperación de acuíferos subterráneos y se ha manifestado partidario del trasvase del Ródano a Cataluña; de una tarifa social, y de la unidad administrativa y no de cuenca.

Por su parte, el representante federal de Medio Ambiente de IU, Adolfo Barrena, se ha mostrado partidario de un pacto del agua en el que se contemple este recurso como un bien público, que es un "factor estratégico" que debe ser gestionado "desde la administración central" y teniendo en cuenta las consecuencias del cambio climático. Al mismo tiempo se ha manifestado "en contra de las desaladoras y del trasvase del Ebro" y ha dicho que, en su opinión, con la modernización de los regadíos no se ahorra agua, sino que se cultiva más superficie".

Barrena considera que hay que situar el debate para que en un plazo "razonable" se puede definir la política del agua porque "está claro que lo que hay hasta ahora, no vale".

Finalmente, el representante del grupo de Medio Ambiente y Energía de UPyD, Manuel López Ogayar, ha subrayado que España, junto a Grecia, Portugal, Bélgica y Dinamarca, no cumple la directiva marco europea ni tampoco cumple con las Directivas Europeas de calidad, saneamiento y desalación.

En su opinión, España está fragmentada en 17 legislaciones y que las administraciones son redundantes, politizadas y provincializadas, lo que impide una gestión racional del agua e impide una gestión racional del agua y "vulnera la igualdad de derechos de los españoles".

Sobre el programa electoral de UPyD, Ogayar ha destacado el retorno al Estado de todas las competencias de agua, la unidad de cuenca, la aprobación de una nueva Ley del Agua, un nuevo Plan Hidrológico Nacional, la unificación de los criterios de gestión y de los cánones y las tarifas, así como de penalizar los consumos desproporcionados.