Bloque por Asturies llevará ante la Fiscalía Anticorrupción el contrato del Ayuntamiento con la empresa TSP-Isfel para la elaboración del PGOU, finalmente rescindido ante el retraso en los trabajos. La formación critica los "problemas" de todo tipo generados en torno a la firma mencionada y la "actitiud permisiva" del concejal de Urbanismo y del alcalde, para los que pide la dimisión, por lo que pedirá una investigación para conocer si hubo "actuación delictiva".

A través de una nota de prensa, BA recuerda que "nos encontramos con una empresa adjudicataria absolutamente incapaz de llevar adelante los trabajos encargados, a pesar del enorme retraso, con una trayectoria profesional dudosa, como se puede ver con los problemas de todo tipo generados en torno a ella, seleccionada en su momento sobre la base de unos pliegos de adjudicación declarados nulos por el TSJA".

Además, entiende que "la creación de una inmobiliaria, con domicilio social en L*Entregu por parte del propietario de la empresa TSP-ISFEL a los pocos meses de serle adjudicado el contrato de redacción del PGOU constituye, con independencia de la actividad llevada acabo por dicha inmobiliaria, un auténtico escándalo político".

Señala que los gobiernos socialistas "a pesar de todos sus incumplimientos, nunca sancionaron a esta empresa, tal y como permite la Ley y los propios pliegos de adjudicación, con medida alguna y". Critica también el "retraso, absolutamente injustificado desde cualquier punto de vista que se quiera mirar, de dos años y medio en realizar el informe que ahora se presenta para anunciarnos que, después de casi seis años de demora con relación al plazo de ejecución acordado, el ayuntamiento se ve obligado a rescindir el contrato con esta empresa".

Bloque por Asturies-UNA de Samartín denuncia que "esta situación acabaría de esta manera y que el PSOE lo único que trataba por todos los medios era conseguir que esta gravísima consecuencia que perjudica los intereses de la ciudadanía de Samartín y del propio Ayuntamiento, no se aclarase antes de las elecciones del 22 de mayo".

"Ante el tinglado montado en torno a este asunto, anunciamos que nuestra Organización dará traslado a la Fiscalía Anticorrupción de todos los documentos e información obrante en nuestro poder, a fin de que la Fiscalía, si lo considera conveniente, determine si existen, o no,

indicios de delito en torno a este asunto", concluye la nota.