El objetivo de esta revisión de la ley, aprobada ya el pasado 30 de marzo por la Cámara de Representantes, es bloquear la entrada en Japón de terroristas que traten de penetrar en este país con identidades falsas.

La nueva legislación permitirá a las autoridades fronterizas contrastar la denominada información biométrica de los visitantes con la de deportados en el pasado, y expulsar del país a todo aquel considerado como sospechoso de terrorismo por el Ministerio de Justicia.

Esta medida excluye a los residentes permanentes, como los coreanos nacidos en Japón que poseen un visado especial, los menores de 16 años, aquellas personas que visiten el país por motivos diplomáticos u oficiales, y los invitados por el Estado nipón.

Los partidos de la oposición han criticado esta enmienda al juzgar que infringe la privacidad de las personas.

Sin embargo, la propuesta del opositor Partido Democrático de Japón (PDJ) de congelar la aplicación de esta ley por el momento

Durante las deliberaciones parlamentarias, el ministro de Justicia, Seiken Sugiura, no especificó cuánto perdurará esa información personal en Japón y se limitó a decir que será custodiada "por un tiempo".

La Federación japonesa de Colegios de Abogados emitió hoy un comunicado criticando la enmienda porque "podría violar el derecho a la intimidad y al control de la información personal, además de generar la predisposición de que los extranjeros suponen una amenaza". El secretario general de Amnistía Internacional en Japón, Makoto Teranaka, calificó la ley de "racista" y señaló que ha sido aprobada "en nombre de las medidas antiterroristas adoptadas en el marco del crecimiento de la xenofobia en Japón".