Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas en Palma, una en Barcelona y otra en Valencia, que se dedicaban a alterar sus contabilidades y así poder beneficiarse de notables deducciones en el Impuesto del Valor Añadido (IVA) llegando a defraudar a la Agencia Tributaria unos 800.000 euros.

En un comunicado, la Policía Nacional ha señalado que entre los seis arrestados se encuentran los dos cabecillas de la banda, que eran gerentes de un centenar de mercantiles y que han sido acusados de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Además, ha añadido que hay otros ocho imputados en Palma vinculados a las facturaciones de trabajos, la mayoría ficticios, a los que se incrementaba su importe.

La operación, desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, con la colaboración de la Comisaría Local de Onteniente y la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, se inició a raíz de un informe emitido por la Delegación Especial en Baleares de la Agencia Tributaria.

Tras las pesquisas policiales, se detectaron facturas de dudosa procedencia para incrementar los balances y las contabilidades empresariales, todo ello para obtener beneficios directos en las deducciones de los Impuestos del Valor Añadido y de Sociedades.

Concretamente, la Policía Nacional ha revelado que los detenidos facturaban a nombre de personas vinculadas a las empresas investigadas, bien como trabajadores o que habían tenido contacto alguna vez con dichas compañías.

Así, ha revelado que un empresario mallorquín fallecido resultó ser el epicentro de esta trama, así como dos de los detenidos, ambos con antecentes por estafa y blanqueo de capitales, que actuaban como gerentes de las sociedades siendo en realidad los verdaderos artífices de las contabilidades ficticias de aproximadamente cien sociedades.

Mientras, los otros cuatro arrestados actuaban como testaferros ocupando cargos sociales ficticios a cambio de dinero o de regularizar la situación legal en España, entre los que se encontraban el jardinero del chalet del dueño o el encargado de limpiar las oficinas que figuraban como administradores únicos a cambio de una cantidad mensual. De este modo, mediante estas suplantaciones, los verdaderos autores eludían responsabilidades directas.

La Policía ha informado de que el asesor fiscal de esta trama reconoció haber inflado la facturación a petición de la empresa utilizando identidades de personas que a lo largo de su vida tuvieron vinculación empresarial-mercantil con él, constando una de las facturas presentadas por un importe de 130.000 euros.

En esta línea, ha explicado que en alguno de los casos investigados la deuda personal generada a esas terceras personas les llevó a situaciones personales-patrimoniales muy complicadas o directamente a la indigencia.