Con estas medidas como punto de partida, Gestha instó a las grandes fuerzas políticas y sociales a que promuevan un gran pacto fiscal recuperando el espíritu de los Pactos de la Moncloa, cuando hicieron prevalecer el interés general, dejando a un lado intereses partidistas, para lograr sacar al país de la grave crisis económica y política de 1977.

Al igual que ocurrió entonces, este nuevo pacto transversal permitiría reactivar la economía y aumentar sustancialmente la recaudación para reducir el déficit nacional hasta el entorno del 1 por ciento del PIB, porcentaje que no sólo cumpliría con el objetivo previsto por el Gobierno para los dos próximos ejercicios, sino que reduciría también la presión de los mercados sobre las operaciones de venta de deuda pública española.

La necesidad de emprender este acuerdo queda patente ante las carencias del actual sistema tributario, lastrado por una preocupante caída de la recaudación en los últimos años, un constante debilitamiento de la progresividad en los impuestos directos -especialmente en el IRPF e impuesto de sociedades- y un desequilibrio cada vez más acusado entre la tributación de las rentas del trabajo y las procedentes del capital, según Carlos Cruzado.

Replantear el impuesto de sociedades e irpf

La piedra angular del plan propuesto por los Técnicos de Hacienda pasa por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- que eleve del 30 por ciento al 35 por ciento el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.

Considera que gracias a esta única medida, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales -incluyendo 226 millones de euros en Asturias- y se reduciría la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.

Junto a la modificación del Impuesto de Sociedades, Gestha propone replantear el IRPF para eliminar las normas contrarias a la progresividad, entre las que piden excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro.

Además, si se elevara el tipo de este último gravamen hasta el 24 por ciento se obtendrían casi 1.380 millones de euros anuales adicionales para las arcas públicas, de los que 38 millones de euros procederían de Asturias.

Paralelamente, el colectivo solicita la restricción del uso del sistema de módulos, instaurando la estimación directa como norma general, salvo para aquellos empresarios que destinen sus bienes y servicios al consumidor final, que deberían poder escoger al término de su ejercicio fiscal el régimen que mejor se adaptase al ritmo de su actividad.