El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha dicho que la Ley de Costas rompe el principio de "no confiscatoriedad", uno de los principios "básicos" del sistema tributario español, porque los propietarios "no son expropiados", ya que no reciben "ninguna compensación", sino que son "expoliados o confiscados".

Así lo ha señalado Diego este jueves en el acto de inauguración del III Congreso Nacional de el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) y los Valores Catastrales, que se celebra en Santander hasta este viernes, y en el que ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Cantabria (UC), Federico Gutiérrez-Solana; el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Julián Vélez; y el organizador del congreso, Juan Enrique Varona.

Diego ha considerado que la aplicación de la Ley de Costas ha dado lugar, en "muchas" ocasiones, a "la ruptura" de ese principio de 'no confiscatoriedad' ya que los territorios de las personas afectadas por la delimitación de los espacios de dominio público-marítimo-terrestre "pasan a ser de todos los españoles" perdiendo "la condición de propiedad privada".

Los propietarios, que lo eran de "manera reconocida" tanto por escrituras notariales como por registros de la propiedad, ven "confiscado" su patrimonio de "una manera arbitraria", ya que la delimitación de los espacios está hecha "con criterios técnicos pero siempre en un marco de subjetividad", y, en algunas ocasiones, "bastante injusta", ha considerado Diego.

Por todo ello, y por la "actualidad" y "polémica" de esta norma en Cantabria, el presidente regional ha destacado que espera que la Ley de Costas "sea reformada en la próxima legislatura" en el Congreso y el Senado dada "la trascendencia" que tiene la aplicación de la misma en Cantabria de cara a 2018.

Sobre el IBI, Diego ha manifestado que, desde hace aproximadamente dos meses, en Cantabria "se han detectado una serie de problemas" a la hora de hacer las valoraciones técnicas de "las fincas rústicas", un "problema" que el Gobierno de Cantabria está intentando abordar de "una manera racional".

Así, desde la Agencia Cántabra de Administración Tributaria se ha convocado una ronda de reuniones con los colegios oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas e Ingenieros Agrónomos para hacer la norma "más clara, lo menos arbitraria posible y consensuar un criterio común" para hacer las valoraciones, que "en los últimos tiempos están siendo polémicas".

También, Diego ha hecho hincapié en que el IBI es un impuesto "absolutamente vital" para la actividad de los ayuntamientos porque genera "el mayor recurso económico" a estas administraciones y lo hace desde "la certeza", es decir, desde "el conocimiento seguro de que se va a obtener a final de año".

Además, este gravamen permite "hacer política", ha destacado el presidente, y es "el garante del Estado de Bienestar", así como "la columna vertebral" del Estado de Derecho.