La organización Amnistía Internacional (AI) ha remitido al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la que plantea diez propuestas que, a su juicio, reflejarían un compromiso serio con los derechos humanos tanto en la Comunidad como fuera de ella.

La ONG ha presentado este miércoles este compromiso que plantea a los dirigentes regionales, ya que según ha aseverado la Presidenta de Amnistía en Castilla y León, Arancha Vicario, la Junta ha avanzado "bastante" en algunos aspectos de derechos humanos pero no se ha llegado a eliminar "del todo" las desigualdades que sufren determinados colectivos.

Para ello, plantean una serie de compromisos orientados, por ejemplo, a la lucha contra el racismo, la discriminación y la violencia de género. También proponen asegurar que la formación de los agentes de las policías locales incluya contenidos suficientes y transversales en materia de derechos humanos, así como castigar "adecuadamente" los casos de malos tratos.

Asimismo, se habla de tomar medidas para garantizar el respeto de los derechos de los menores de edad mediante la adecuación de la normativa y protocolos de Castilla y León a las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del niño en octubre de 2010. Se pide, igualmente, la garantía de derechos para menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Administración; y desarrollar políticas, leyes y medidas orientadas a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas.

Entre otras cosas, piden que se impulse la educación en derechos humanos con una "aplicación efectiva" de la asignatura de educación para la ciudadanía y la formación del profesorado para que desarrollen actividades que den a conocer los derechos humanos.

En cuanto al trabajo por los derechos humanos en otros lugares del mundo, se propone que las relaciones con autoridades de otros países tengan una preocupación importante por este aspecto; promover iniciativas como declaraciones institucionales o mociones a favor de los derechos universales y establecer medidas para que la ayuda al desarrollo esté orientada a la protección efectiva.

El documento se ha presentado también a asociaciones de la Comunidad, que han hecho sus aportaciones y, según Arancha Vicario, Amnistía Internacional espera poder mantener una reunión con representantes de la Junta como el propio jefe del Ejecutivo regional.

La representante de la organización Feafes en Aranda de Duero (Burgos) Elena Briongos ha ejemplificado la situación de las personas con enfermedades mentales y ha puntualizado varias recomendaciones a la clase política, como evitar la estigmatización que asegura que padecen desde el momento del diagnóstico, para ello considera clave que se dé a conocer "qué es la enfermedad mental".

De la misma manera ha reivindicado la "participación efectiva" de las personas sobre las que se va a actuar y buscar herramientas que busquen el "empoderamiento" de estas personas, pues cuentan con la desventaja de que "sólo un 5 por ciento" de ellas tienen un trabajo.