El Grupo del PSM-IV-ExM del Parlament ha retado al Govern a convocar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si quiere que se siga urbanizando en el litoral balear, ante la posibilidad de que el Govern pueda promover la derogación del decreto ley de medidas cautelares hasta la aprobación de normas de protección de áreas de especial valor ambiental y modificar la Ley de medidas urgentes para el desarrollo territorial sostenible con el objetivo de urbanizar en espacios que fueron desclasificados.

Los nacionalistas han hecho esta propuesta de saber que el Govern podría estar estudiando modificar estas normativas para llevar a cabo diferentes proyectos urbanísticos que fueron paralizados en la anterior legislatura, y por los cuales las promotoras que iban a realizar los proyectos reclaman más de 900 millones de euros de indemnización.

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha señalado que la intención del Govern es dar "seguridad jurídica" a todos los promotores, ayudar a los Ayuntamientos, así como dar "confianza" a los ciudadanos. Para ello, ha puntualizado que estudiarán y analizarán "todas las normativas que hay dentro de este Govern".

El diputado del PSM-IV-ExM Antoni Alorda se ha preguntado si la "receta" del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, para salir de la crisis es la de modificar las leyes para "crear más urbanizaciones junto al mar", es decir, con "más cemento". "Esta receta ya no la quiere nadie", ha apostillado.

En este sentido, el nacionalista ha enfatizado que hay más plazas de las necesarias en las islas y que el litoral está "sobreconstruido", por lo que ha lamentado que el Ejecutivo quiera, a su parecer, seguir urbanizando.

Company ha contestado que lo que no hará el Govern será "proteger aquello que no tiene ningún sentido". "Un espacio con grandes valores ambientales no es un espacio que tiene calles, que tiene farolas, que tiene alcantarillado ni que tiene luz y agua y ustedes hicieron una norma que incluía cosas de estas", ha apuntado. En esta línea, ha puntualizado que "si hay cosas urbanizadas no se pueden poner dentro del un área natural de especial interés (ANEI)".

Indemnizaciones a los promotores

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Jaume Carbonero se ha dirigido también a Company para preguntarle acerca de estas 1.500 hectáreas de suelo desclasificado que el Govern podría intentar desbloquear para que se llevaran a cabo estos proyectos urbanísticos.

Carbonero ha señalado que entre las diez promotoras que exigen indemnizaciones destaca la de los propietarios de Ses Fontanelles, que reclaman 250 millones de euros. El socialista ha indicado que se inició un expediente de reclamación patrimonial y se solicitó un informe al Consell Consultiu, que desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial. De este modo, ha criticado que el Govern pretenda "asustar" con "estas cifras falsas" cuando el Consell Consultiu ha dictaminado que no hay que pagar estas indemnizaciones.

"Si usted se responsabiliza particularmente con sus bienes de lo que nos pueda pasar, le cojo la palabra", ha contestado Company a Carbonero, para añadir después que las suspensiones de normativas, como la aplicada en este asunto "no pueden ser indefinidas". Así, ha apostillado que "buena parte" del decreto que fija dichas medidas cautelares hasta la aprobación de normas de protección de áreas de especial valor ambiental "a día de hoy ya no tiene eficacia".