La conselleria de Justicia ahorrará en 2012 un total de 4.436.312, 24 euros en energía —un millón de euros—, papel —1.381.000 euros— y otros conceptos, como taxis o alquiler de sedes, por un importe de 2.055.312 euros, según ha detallado este martes el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, en la presentación de las medidas de eficiencia en la gestión en 2012.

El conseller ha destacado que se trata de medidas "de sentido común" y de "sensibilidad" y ha asegurado que el ahorro revertirá en los propios gastos de funcionamiento para "acabar con el problema endémico" de los gastos ordinarios.

De esta forma, según ha recalcado el conseller, se conseguirá un ahorro de un millón de euros en energía con el contrato de mantenimiento centralizado, por el que un mismo adjudicatario presta el servicio de mantenimiento y conservación a las sedes judiciales de los 36 partidos judiciales.

El adjudicatario se ha comprometido a reducir el consumo energético un 10 por ciento anual, lo que equivale a 400.000 euros, y si no lo logra, tendrá que hacer gestiones de mantenimiento por ese importe, según ha explicado el conseller.

Asimismo, se ha procedido a la activación del plan de eficiencia energética 2000-ESE, con el que se disminuirá en 600.000 euros anuales el coste energético en siete sedes.

Paralelamente, se prevé disminuir el gasto anual en papel en 1.381.000 euros, a través de la sustitución de papel de oficio por papel normal, ya que la conselleria ha dotado a los órganos judiciales de impresoras y la aplicación procesal CICERONE, que permite imprimir con marca de agua, con un ahorro de un millón de euros y la impresión del papel a doble cara sobre el 30 por ciento del utilizado —181.000 euros—.

El conseller se ha referido también a realizar las notificaciones a través de Lexnet, sistema de intercambio de información entre los profesionales y los órganos judiciales, que puede llegar a un ahorro de entre 15 ó 16 millones de folios que equivalen a 150.000 euros y a hacer copias escaneadas en vez de fotocopias de los procedimientos, que ahorraría 5 millones de folios y 50.000 euros y se instalará como un programa piloto en el juzgado de Torrent la semana próxima.

Uso del taxi

En cuanto al ahorro por otros conceptos, el conseller ha detallado que reduciendo el uso del taxi a través del fomento de la videoconferencia y de la eliminación de los tiempos de espera se ahorrarán 700.000 euros al año.

En este punto, el conseller ha recalcado que la Generalitat ha realizado un importante esfuerzo para implantar este sistema, y ha destacado que se dispone de portátiles y de sistemas encriptados de alta seguridad por lo que ha reclamado a los jueces que usen esta modalidad, porque tiene la sensación de que no se está logrando ese ahorro, y ha señalado que se reunió con el fiscal jefe Ricardo Cabedo, para que se haga un seguimiento de la iniciativa.

Sobre el material de oficina, se ha fijado una cuantía de 10 euros al trimestre por funcionario, que supone un ahorro de 400.000 euros al año y que el conseller considera "suficiente". Si alguien pide más, tendrá que explicar los motivos.

Los costes de impresión también ahorrarán 177.232 euros y en alquiler de sedes, con el traslado de la Dirección General de Justicia a un edificio de la Generalitat, el archivo provincial a Ribarroja y la puesta en marcha de la nueva sede judicial de Paterna se conseguirá un ahorro de 778.080 euros.

Sobre otras cuestiones, ha recordado que están negociando para abrir de una forma "no tradicional" los quince nuevos juzgados que decidieron paralizar, ha indicado que es partidario de incrementar los jueces de adscripción territorial y ha acusado al Ministerio de rechazar esta idea como "arma política".

En cuanto al copago, ha garantizado que en justicia, ni se plantea ni está previsto, y que no hay "agenda oculta".

Asimismo, el secretario autonómico Antonio Gastaldi, ha asegurado que ningún proveedor ha dejado de prestar servicio por la deuda y ha informado de que se ha abierto expediente disciplinario a entre 10 y 15 funcionarios de los juzgados de Valencia por fraude de horarios y que de momento, nadie ha recurrido.