El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés que valore la posibilidad de apoyar al Centro Manuel Artero de Atades en Huesca para crear una unidad adicional en la que pueda atenderse, en régimen de día y residencial, a usuarios que requieran una atención diferenciada, contemplando igualmente dicha especialidad en la elaboración del correspondiente concierto.

Así se recoge en una resolución del Justicia de Aragón, motivada por una queja presentada en esta Institución el pasado 7 de febrero, en la que una persona relataba los problemas relacionados con la atención de su hijo, de 30 años y que padece autismo.

El joven no superó el periodo de prueba para obtener una plaza en la Residencia Atades de Huesca porque, según la queja, "al parecer el problema radica en que las características de nuestro hijo no se adaptan totalmente al perfil actual del centro, si bien se nos ha informado que esta salvedad se solucionaría con la contratación de una sola persona de apoyo".

Por eso, esta familia acudió al servicio de centros concertados en Zaragoza del Instituto Aragonés de Servicios Sociales "y los responsables nos hicieron saber que en ningún caso, y pese a la petición expresa del gerente del centro Atades, iban a conceder ningún tipo de apoyo más de los establecidos previamente".

También solicitaron una entrevista con el director gerente del IASS de Zaragoza, "que se negó a recibirnos", y, a petición del centro, solicitaron una reunión de las tres partes implicadas "y se nos dijo que estábamos fuera de plazo porque esto sólo se contempla en el periodo de prueba".

La dirección del centro de Atades "nos comunicó que ellos mismos habían solicitado esta reunión durante el primer mes de prueba", pero "no recibieron respuesta".

Mejor opción

La familia considera que en el Centro Manuel Artero de Atades en Huesca el joven ha experimentado una notable mejoría "y recibe una atención excepcional", por lo que entienden que su permanencia allí es la opción más beneficiosa para él.

El Justicia ha apuntado al respecto que, según el propio relato de la queja, no se trata de la negación por parte de la Administración de un recurso social y asistencial, sino que el problema radica en la idoneidad del mismo en relación con las necesidades del beneficiario, su patología y su evolución, "puesto que la familia se encuentra en desacuerdo con el centro asignado por el IASS ante la no superación del periodo de prueba en el Centro Manuel Artero".

Este último centro está en el municipio de residencia habitual de los progenitores "y podría ser el más indicado para atender al joven, tanto en régimen de día como en régimen residencial, y lo sería también para otras personas cuyas situaciones ya son conocidas de dicha institución".

No obstante, requieren, para prestar una atención adecuada, "de recursos adicionales que les permitan bien poner en marcha una nueva unidad, o en cualquier caso organizar la asistencia especializada y diferenciada que estos usuarios necesitan", ha explicado el Justicia.

Esta Institución envió el 21 de febrero, una vez admitida la queja, sendos escritos al entonces Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón —actual Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia— y a Atades Huesca para recabar información.

Sin embargo, el Gobierno aragonés, a pesar de sucesivos requerimientos, no ha enviado respuesta, por lo que el Justicia ha recordado al Ejecutivo la obligación de colaborar con esta Institución, según establece la legislación.

Falta de recursos

García Vicente ha expuesto que desde Atades Huesca han manifestado su deseo de poder atender al joven en el Centro Manuel Artero, "confirmando que ha experimentado una sensible mejoría, si bien no pueden sino reconocer que no disponen de los medios personales ni materiales para ello".

Al respecto, el Justicia indica que la especial situación de este joven hace preciso personal especializado y dedicado en exclusiva a su atención, "necesidades se multiplican cuando de lo que se trata es de una atención no meramente diurna, sino residencial, requiriendo mayores recursos personales y materiales".

El Justicia ha explicado que según la Constitución los poderes públicos deben realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, "a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón indica que los poderes públicos aragoneses "promoverán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de la comunidad", previsiones constitucionales y estatutarias que, además, han sido desarrolladas en diversas normas, entre las que destaca la Ley de Servicios Sociales de Aragón.