Jordi Portabella, concejal de Comerç, desmintió ayer que el consistorio otorgue un trato de favor a los almacenes textiles al por mayor y detalló que, de los 560 existentes en la zona comprendida entre Trafalgar-Gran Via-Pau Clarís-Passeig Sant Joan, 363 han sido inspeccionados.

Acoso de los inspectores

Se trata de la zona de Barcelona con «una mayor presión inspeccionadora».

Prueba de ello es que, durante el año pasado, se efectuaron 104 inspecciones, cuyo expediente abocó en el cierre cautelar de 27 tiendas, la mayoría de las cuales pudieron reabrir por subsanar las deficiencias detectadas.

En lo que va de año, hasta finales de abril, las inspecciones se multiplicaron hasta 150, provocando el cierre de 45 comercios. Las inspecciones detectaron deficiencias que sobre todo se refieren a medidas de seguridad e incumplimiento de la normativa anti-incendio.

Vulneran algunas ordenanzas

A los 363 controles se suman otros 109 efectuados por el Institut de Paisatge Urbà, donde detectaron 213 infracciones, de las que medio centenar levantaron duras sanciones por vulnerar la ordenanza de iluminación, aires acondicionados o banderolas publicitarias.

El segundo teniente de alcalde rechazó la petición de CiU para elaborar un plan de usos.

Portabella afirmó que lo único que ha cambiado en la zona no ha sido la estructura comercial sino «la nacionalidad de los propietarios».

Para la concejal de CiU, Maite Fandos, «no se hacen suficientes inspecciones» y éstas se intensifican ante las protestas vecinales.

Las asociaciones vecinales lamentan que las tiendas tradicionales de proximidad «estén desapareciendo», según Fandos, sometidas a la presión del comerciante asiático. La regidora auguró que de «intensificar las inspecciones aún se podrían cerrar más locales».