El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ante la Mesa de las Cortes una enmienda a la totalidad a las leyes que suponen la desaparición del Consejo Económico y Social (CES), y el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, aprobadas por el Ejecutivo de María Dolores Cospedal, al tiempo que propone fijar por ley el techo de gasto que deben tener estas instituciones.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Martínez Guijarro, quien ha indicado que con este texto pretenden, tras asegurar la permanencia de estas instituciones reconocidas en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha fijar por ley el techo de gasto que deben tener, para así contribuir al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

El portavoz de los parlamentarios socialistas ha defendido que con esta propuesta el Gobierno regional se ahorraría lo mismo que con la desaparición de los dos órganos.

Es por ello que ha asegurado que en caso de que el Partido Popular rechazara esta propuesta demostraría que "en realidad lo que no se quiere es tener un órgano de control de gobierno, como es el Defensor del Pueblo, o un cauce institucional establecido para la partición de la sociedad de Castilla-La Mancha en los proyectos que sean de interés y que tengan trascendencia para el futuro de esta región, como es el CES", ha dicho Martínez Guijarro.

Contenido del texto

En la moción que los socialistas van a presentar a la Mesa de las Cortes para su aprobación en pleno inciden en la conveniencia de establecer por Ley que el Consejo Consultivo, el Defensor del Pueblo, la Sindicatura de Cuencas, el CES y el Consejo del Agua son instituciones que forman parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tal y como se recogía en el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en la VII Legislatura por las Cortes regionales.

En el texto defienden que el coste conjunto de las instituciones no puede superar el 0,05 por ciento de los Presupuestos Generales de la Junta de cada ejercicio, aunque dichas instituciones podrán obtener financiación de otras entidades públicas no pertenecientes a la Junta de Comunidades, así como de entidades privadas, para la realización de actividades concretas, siempre que ello no repercuta negativamente en las funciones que tienen encomendadas.

Asimismo proponen que el Gobierno regional y las Cortes de Castilla-La Mancha aprueben las necesarias modificaciones de sus de sus respectivas relaciones de puestos de trabajo para dar cumplimiento a los establecido en esta ley.