La Mesa de la Cámara de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha admitido a trámite esta semana una proposición de ley de IU de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos de la Administración del Principado de Asturias.

Según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, se trata de la misma iniciativa que la formación presentó en marzo a raíz de la denominada 'Operación Marea', un supuesto caso de corrupción en la contratación del Principado, pero que, al disolverse la Cámara por las últimas elecciones decayó. De esta forma, la coalición ha vuelto a presentar la iniciativa.

El objetivo es aumentar los niveles de incompatibilidades entre los altos cargos políticos y funcionariales y las actividades particulares que puedan entrar en colisión con el interés general. Actualmente está vigente La Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos. "El lapso desde su aprobación y las nuevas necesidades de la sociedad actual sugieren que es éste el instante apropiado para acometer una reforma útil y suficiente de este texto legal, sin que por ello se desvirtúen su finalidad y contenido originarios", apunta IU en la exposición de motivos.

Por un lado, IU propone ampliar el concepto de alto cargo a todos los miembros de gabinetes del Gobierno, no sólo como hasta ahora a los integrantes del gabinete de la Presidencia del Principado, sino también a los miembros de los gabinetes de las consejerías.

También pide que se recojan en la Ley algunas figuras que cuando se aprobó la normativa no existían, como los miembros de los órganos auxiliares del Principado, tales como la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Consultivo y la Procuradora General, así como la Junta General.

Del mismo modo, desde IU entienden necesario que se aumente el ámbito de incompatibilidades de cualquier responsabilidad pública susceptible de conflicto con la actividad privada, tenga o no remuneración.

Igualmente, IU aboga por limitar la compatibilidad de su labor como altos cargos con la gestión del patrimonio personal o familiar, condicionando a un máximo del 10% la participación entre el interesado, su cónyuge o "persona vinculada con análoga relación de convivencia, hijos y personas tuteladas, en empresas que tengan conciertos de obras, servicios o suministros, cualquiera que sea su naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o loca, o empresas relacionadas o dependientes del mismo".

Asimismo, desde IU se apunta la posibilidad hacer público el registro de bienes de los altos cargos, que hasta ahora era de carácter secreto. Apuesta, también, por endurecer el régimen sancionador llevando en las infracciones más graves al cese inmediato del citado alto cargo.

TRANSPARENCIA

Por otro lado, también ha sido admitida a trámite esta semana la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes de quinta modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Esta otra iniciativa tiene como objetivo lograr una mayor transparencia en "ámbitos de actuación administrativa donde cierta opacidad puede propiciar costumbres perniciosas, cuando no la comisión de ilícitos".