La Audiencia de Valladolid juzga el próximo miércoles, día 26 de octubre, al que fuera administrador único de 'CVC Desinfección Castilla y León S.L', F.V.C, y al asesor fiscal y contable de la misma, P.M.L, el primero acusado de vender a terceros la mercantil y luego estafar a sus nuevos propietarios más de 37.000 euros que, supuestamente, extrajo de las cuentas de la empresa y el segundo bajo la imputación de haberse apropiado de 60.000 euros de los 180.000 que su compañero de banquillo obtuvo por la operación de venta de la referida sociedad dedicada a servicios de limpieza.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, el Ministerio Fiscal imputa al primero de ambos procesados un delito continuado de estafa y solicita para él tres años y medio de cárcel, multa de 5.400 euros y el abono a los nuevos propietarios de su antigua empresa de una indemnización de 37.760 euros, mientras que para el segundo, acusado de apropiación indebida, interesa dos años de privación de libertad, multa de 4.200 euros y el pago al anterior de 60.000 euros de indemnización, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan al 22 de diciembre de 2006 cuando José Luis A. y Mercedes P. de P. adquirieron la totalidad de las 3.060 participaciones sociales de 'CVC Desinfección Castilla y León S.L', de las cuales 3.000 les fueron transmitidas por el hasta esa fecha administrador único de la mercantil, F.V.C, que en aquel mismo acto renunció a dicho cargo que pasó a ostentar el primero de los compradores.

Sin embargo, a pesar de no ser ya administrador, F.V.C, quien tan sólo había informado a los nuevos compradores de la existencia de una cuenta en el Banco de Santander, fue demorando el cambio de firma autorizada y, con ello, la comunicación del nombramiento de nuevo administrador a las entidades bancarias en las que la empresa tenía abierta cuenta.

De tal guisa, en el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y julio de 2007, las acusaciones pública y particular le atribuyen haber efectuado diversos reintegros y trasferencias de dichas cuentas, así como cargos en las tarjetas asociadas a las mismas por importe de casi 38.000 euros, cantidad que, presuntamente, pasó a incrementar su patrimonio personal, sin que las respectivas entidades pusieran obstáculo alguno ya que eran ajenas a los avatares de la mercantil y su administración.

Pero lo llamativo del caso es que, además, su compañero de banquillo será el que fuera asesor fiscal y contable de la misma empresa, P.M.L, quien participó en las gestiones para la venta de la misma a sus nuevos propietarios y, presuntamente, se apropió de 60.000 euros de los 180.000 en que fue tasada la transacción.

Así, los compradores le entregaron cuatro pagarés, dos por importe cada uno de 60.000 y los otros dos de 30.000 cada uno, y P.M.L, que al parecer había ocultado al vendedor y también acusado, F.V.C, el precio realmente pactado, sólo facilitó a este último los dos primeros y se quedó en beneficio propio con el importe de los otros dos, que suman 60.000 euros.