Un empresario será juzgado este martes por legalizar su chalet como casa de aperos ayudándose de 80 olivos y tres asnos

La acusación particular reclama para el acusado cinco años de cárcel así como dos y medio para el ingeniero agrícola que le ayudó

Un empresario se sentará este martes en el banquillo de los acusados, en el marco de la pieza 31 del caso Andratx, por construir en terreno protegido una vivienda de nueva planta que intentó legalizar como almacén agrícola-ganadero en connivencia con un ingeniero agrícola que redactó el proyecto para ello. El propietario de la edificación con vistas al mar y a la montaña, para quien la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento del municipio mallorquín, reclama cinco años de cárcel, llegó incluso a emplear 80 olivos y tres asnos a fin de dar al chalet la apariencia de casa de aperos.

Unos hechos por los que ambos serán juzgados durante una vista que se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 7. Cabe recordar que el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, quien en la actualidad cumple condena en la cárcel de Palma, ya fue juzgado por una práctica similar. Y es que el ex primer edil fue condenado a cuatro años de prisión por construir una vivienda unifamiliar sobre terreno protegido cuando en realidad había solicitado una licencia de ampliación de un almacén agrícola.

En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, el Consistorio acusa al empresario Josep Eugeni Torrens de haber cometido un delito contra la ordenación del territorio y otro de falsedad en documento público, por los que además de la privación de libertad solicita un total de 90.000 euros de multa y la demolición de lo construido. Mientras, al ingeniero Miquel Fiol le acusa de haber incurrido en un delito de falsedad, por el que reclama para él dos años y medio de prisión y una multa de 30.000 euros.

El escrito de la acusación, representada por la abogada Isabel Fluxà, recuerda que Torrens, como administrador de la mercantil Palmita S.L., adquirió en 1999 tres fincas catalogadas como Área Natural de Especial Interés y en las que tan sólo existían unas ruinas. Sin embargo, el acusado comenzó en 2004 a demoler estas ruinas e inició las excavaciones para la cimentación de una vivienda de nueva planta, a pesar de que únicamente se habían solicitado licencias de obra menor para "sustituir tejas rotas y tejado" y el "arreglo del camino".

De hecho, una inspección ocular llevada a cabo sobre el terreno y en la que estuvo presente el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, sirvió para comprobar que la construcción contaba con las dependencias propias de una vivienda y que además contaba con ventanas "con vistas al mar y a la montaña cuya existencia no se comprende si tales dependencias tienen como fin el almacenamiento de piensos, grano, paja y demás así como los útiles de labranza y aperos", tal y como exponía Pérez en un contundente auto de 19 folios que ponía fin a la instrucción de esta pieza.

Asnos para encubrir una actuación delictiva

Indicios a los que, según apuntaba, se sumaban "medios tan exiguos y limitados como 80 olivos y tres asnos", respecto a lo cual el magistrado apuntaba que "se celebra que se potencie al asno mallorquín, pues es una raza en peligro de extinción, pero no se puede pretender potenciar al mismo para encubrir delictivas actuaciones". Con todo ello, aseveraba, "no se pretendía más que conseguir una licencia para disfrazar el posterior uso de vivienda que se iba a hacer de lo edificado, extremo ya pretendido en otra pieza por el condenado en firme Eugenio Hidalgo con desafortunado resultado para éste", sentenciaba.

La acusación particular relata, por su parte, que las obras llevadas a cabo por Torrens, tal y como comprobó posteriormente un inspector del Servicio de Disciplina Urbanística del Consell, no se correspondían con la licencia menor concedida ya que había sido levantada una vivienda de nueva planta de 157 metros cuadrados -ejecutada en un 40 por ciento- y un nuevo aljibe, se había reconstruido una parte del camino e instalado una casa prefabricada de madera, lo que dio lugar a un expediente sancionador.

Fue entonces cuando, según el Ayuntamiento, entró en escena Fiol con el objetivo de redactar el proyecto para la legalización, para lo cual, presuntamente, falseó la realidad de la edificación manipulando "dolosa y conscientemente" la información contenida en el proyecto. Todo ello, prosigue el escrito, "con el fin de ocultar la realidad física de la edificación construida sin licencia".

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