El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, se ha comprometido este sábado, en una reunión convocada en Liencres por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), a que los afectados por las sentencias de derribos sean indemnizados justamente.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de AMA, Antonio Vilela, quien ha recalcado que Fernández ha señalado que espera que las indemnizaciones sean "justas" para todos los afectados, con independencia de lo que ocurra con la Ley de Derribos.

Por su parte, la asociación ha pedido al consejero que los derribos que se tengan que producir "se dilaten" lo máximo posible en el tiempo, por si hubiera alguna nueva posibilidad de legalizar las viviendas, así como que las indemnizaciones se ajusten al precio "real" del mercado.

En la reunión, muy multitudinaria, según Vilela, debido a que estaba anunciada la presencia del consejero, se ha aprobado habilitar un teléfono de atención permanente a los afectados disponible a todas horas para que estos puedan consultar sus dudas o comunicar cualquier problema que se les presente en el momento. El teléfono es el de la asociación: 660 588 381.

Además, se ha acordado que el grupo de afectados que se manifestaba todos los jueves apoye con su presencia a los afectados que se encuentran en "pero situación", personándose en sus domicilios, de forma que ninguno de ellos "se sienta abandonado".

Los miembros de la asociación han pedido también a Javier Fernández que se constituya una Comisión de Seguimiento del plan de actuaciones sobre las sentencias de derribo.

Y a los ayuntamientos, como institución más cercana a los afectados, les han reclamado que estén en contacto directos con estos y dispongan los medios para prestarles la atención que precisen, dado las "complicadas" situaciones físicas o psíquicas por las que atraviesan algunos de ellos.

Una vez terminada la reunión, que contó también con la presencia del alcalde de Piélagos, Enrique Torre, los afectados se manifestaron desde el centro cívico de Liencres hasta Cerrías, donde "constataron", según Vilela, lo "totalmente injusto" que es que las siete viviendas de esta urbanización se derriben, mientras otras que están a su alrededor no estén afectadas por esta situación. CONSTITUCIONALIDAD

AMA ha valorado positivamente que el Parlamento y el Gobierno de Cantabria se personen en el proceso para defender la constitucionalidad de la conocida como Ley de Derribos, que reconoce el derecho de los propietarios a ser indemnizados antes de demoler su casa.

La asociación "comparte totalmente" los "fines y motivaciones" de la personación de ambas instituciones ante el Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre la Ley de Derribos.