Los sindicatos de función pública CCOO, CSIF, Ustea y Safja han advertido de que la reversión de la gestión de competencias del Guadalquivir al Estado "obligará a detraer plazas y trabajadores de concursos de traslados de la Junta de Andalucía que actualmente están en marcha" y que deberán volver a competencias del Gobierno.

Varias fuentes sindicales han precisado a Europa Press que se desconoce el número de plazas de la Agencia Andaluza del Agua sometidas a esos concursos de traslados, mientras que hay 40 trabajadores de la Agencia que han solicitado traslado a otro departamento de la Junta de Andalucía y que deberán volver al Estado.

Fuentes de CCOO han indicado a Europa Press que la decisión del Tribunal Constitucional "está para algo, por lo que si la transferencia ha sido declarada inconstitucional, todas las competencias volverán al Estado", y, a su juicio, "todos los actos administrativos de estos trabajadores afectados, con independencia de si tienen o no consecuencias económicas, deberán ser declarados nulos, al declararse nula la transferencia".

Fuentes de este sindicato han indicado que la situación actual "genera muchas dudas entre los trabajadores, pues no sabemos si esos concursos de traslados se pueden considerar legales", por lo que los servicios jurídicos del sindicato "están estudiando la situación, pues se nos puede presentar casuísticas innumerables".

Asimismo, han recordado que "estos trabajadores han votado en elecciones sindicales de la Junta y son delegados de comité de empresa. y ahora no sabemos si vuelven al Estado o no, aunque tememos que no tenga arreglo".

"Se produce una situación de ruptura absoluta de todo el proceso, por lo que tendremos que ir estudiando los casos, lo cual va a generar un conflicto bastante importante", han agregado fuentes de este sindicato, quienes reconocen que la reversión al Estado "es algo negativo en todos los términos, pues Andalucía pierde competencias sobre el río y a CCOO no le gusta que pierda esas competencias y además es negativo porque hay trabajadores que fueron transferidos en su día, se le adjudicaron retribuciones conformes a la Junta y vuelven el Estado y pierden esas retribuciones; es una situación terrible".

Por su parte, fuentes de CSIF ha incidido en la idea de que "las plazas de la Agencia del Agua que están inmersos en concurso de traslados deberán detraerlos de las plazas de la Junta, al igual que pasará con los trabajadores procedentes de la Agencia y que han concurrido a ese concurso actualmente en marcha".

"Ello genera incertidumbre e inseguridad jurídica, pues todo debe ser devuelto al Estado porque no ha habido acuerdo, a excepción de los trabajadores que en su día estando en la Junta han realizado otra carrera administrativa dentro de la Junta, en ese caso la situación no es reversible", han agregado a Europa Press fuentes de CSIF.

No obstante, han dejado claro "aquellos que estén pendientes de la toma de posesión sí deberá quedar excluidos y volver al Estado, pues en algunos concursos están en fase provisional". Ha indicado que "se dan las dos circunstancias, trabajadores del Guadalquivir que pidieron traslados a otros departamentos de la Junta y personal de otras consejerías que hayan pedido plaza en el Guadalquivir, en ambos casos, plazas y personas pertenecientes al Guadalquivir inicialmente volverán al Estado".

CSIF considera que "lo que no generaba inseguridad jurídica era el cumplimento de la sentencia del TC, pero la Junta ha optado por prolongar en el tiempo, durante seis meses esa situación de inseguridad que ha perjudicado gravemente derechos profesionales de los empleados públicos".

Por ello, el sindicato demanda que se le dé "voluntariedad" al personal afectado "que no es culpable de esta cuestión política, ni es culpable de que la Junta lo incluyera en el Estado, ni de que el Estado recurriera ni de que el TC se haya pronunciado".

"Sólo hemos demandado que se tengan en cuenta los derechos de estos trabajadores", han aseverado fuentes de CSIF, quien acusa a la Junta de "jugar con el futuro profesional de estos empleados, al prolongar la inseguridad jurídica en el tiempo, causándoles graves daños".

Ustea y safja

Por su parte, fuentes de Ustea han incidido en la misma idea, y han advertido del problema de que "todo el personal pasará de nuevo al Estado", tras lo que han recordado que "con el concurso de traslados en marcha, hay personas que concurren a plazas en otras consejeras, y a esos trabajadores habrá de detraerlos, y hay plazas incluidas en este concurso que habrá que detraer y a las que no podrán concurrir el resto de trabajadores de la Junta".

"Hay que cumplir todas las sentencias", han agregado las fuentes de Ustea a Europa Press, quienes recordaron que "se sabia que tarde o temprano había que cumplirla, con el consiguiente problema para los trabajadores".

Asimismo, han lamentado que "en este tiempo no se haya producido ni una reunión específica sobre este tema", de forma que "los trabajadores están desinformados y esto nos ha sobrevenido a todos". "No hemos tenido oportunidad ninguna de haber informado a los trabajadores y tener datos de primera mano", se han lamentado.

Ustea considera que esa situación de provisionalidad "se podía haber previsto en el concurso de traslados y se podrían haber negociado algunas condiciones con ellos" y ha reconocido quejas y "malestar" de los funcionarios por dicha situación "y por la desinformación que ha habido".

"Se van a tener que detraer plazas y personas de los concursos de traslado en marcha, pues la sentencia hay que cumplirla y no se puede demorar las cosas, así se evitaría generar inseguridad jurídica a los trabajadores", han aseverado a Europa Press fuentes de Ustea.

Por su parte, fuentes de Safja ha recordado a Europa Press que ya advirtió de la situación que se generaría "al no estar claro cómo iba a quedar". "Todo el personal no afectado por una resolución firme que haya cambiado de plaza deberá volver al Estado, con lo que se perjudica de nuevo al personal", han lamentado las fuentes, quienes apuntan que "con la situación transitoria que existía se ha generado una inseguridad jurídica", por lo que tras la decisión de reversión "se cumpla la sentencia del TC, que se deberá acatar y aplicar".

Plataforma de empleados públicos

Por último, el colectivo de empleados públicos afectados por la transferencia del Guadalquivir estima que la reversión al Estado de las competencias de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por Andalucía, "supone simple y llanamente el deber de cumplimiento de las sentencias de los tribunales" y considera que "estos casi siete meses desde el fallo del Constitucional han sido una pérdida de tiempo para el administrado, el usuario, y un coste innecesario para el ciudadano".

Lamenta en una nota que durante tres años "se ha creado una incertidumbre en los empleados públicos de la que no se desprenderán tan fácilmente, pues quedan asuntos de tema laboral y económico sin resolver, de forma que se ha incurrido en una falta de responsabilidad política y en una falta de respeto hacia el empleado público garante de la prestación de un servicio de interés general".

"El empleado público ha sido ninguneado, incluso ahora con esta decisión de revertir el cien por cien de las competencias, pues desconoce cuál será su situación a partir de ahora y se están planteando pedir daños y perjuicios por la situación psicológica y personal generada por este desgobierno", ha aseverado la plataforma de empleados públicos.