Asaja-A cree que en el conflicto seguido entre Gobierno central y Junta de Andalucía en torno a las competencias del Guadalquivir "se ha perdido tiempo y dinero", mientras que UPA-A ha lamentado la reversión de competencias al Estado y COAG-A ha reconocido que le hubiera gustado que dichas competencias hubieran permanecido en Andalucía, pero ha recordado que "esto no es una decisión política, sino jurídica, que hay que cumplir y punto".

Las organizaciones agrarias han reaccionado de esta forma tras conocer que la Junta de Andalucía va a revertir de inmediato al Estado el "cien por cien" de las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por su territorio ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo satisfactorio con el Gobierno de la Nación que permitiera una "solución perfectamente legal y jurídicamente pacífica" a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía.

El presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, ha indicado a Europa Press que tal decisión "confirma lo que llevamos diciendo desde hace tiempo", de forma que, a su juicio, "hemos perdido tiempo y dinero, pues hace seis meses, ya en su día dijimos que la sentencia del TC tenía poca solución, por lo que debían haber aceptado dicha sentencia, hubiera sido lo mejor para el trabajo de los agricultores".

"Se ha perdido el tiempo y el dinero y al final estamos como antes; si había una sentencia del TC, lo demás era perder el tiempo, se debería haber aceptado la sentencia del TC, que era extremadamente clara, y así hubiéramos tenido un marco jurídico estable para el trabajo de todos", ha agregado Serra, quien demanda "un marco jurídico estable para que podamos llegar a acuerdo y poder trabajar todos de la mejor forma posible".

Serra aludió a la "inconstitucionalidad" de la encomienda de gestión, que "sólo ha retrasado la decisión y ha supuesto gastar dinero, algo que nos podíamos haber ahorrado".

"Los servicios jurídicos sabían de esa dificultad desde hace seis meses, por lo que no cabe que ahora digan que es muy complicado, han estirado el tiempo pero al final han tenido que entregar la cuchara", ha agregado el dirigente de Asaja-A, quien considera que "con el compromiso de todos podemos tener un marco estable y hacer las cosas lo mejor posible".

Por su parte, UPA-A lamenta que las negociaciones hayan terminado con la devolución de las competencias del Guadalquivir al Estado y no se hayan tenido en cuenta otras alternativas, como la propuesta por UPA-A y Areda, esto es, la puesta en marcha de una Agencia Estatal Intercomunitaria.

En este sentido, UPA-A ha recordado en una nota que la creación de una Agencia Estatal Intercomunitaria "habría permitido salvar los problemas jurídicos encontrados para gestionar el Guadalquivir mayoritariamente desde Andalucía" y lamenta que esta petición "no se haya valorado".

Asimismo, confía en que se retome la petición del Parlamento andaluz de recuperar la gestión del Guadalquivir basándose en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Gobierno central delegar competencias a las comunidades autónomas a través de una Ley Orgánica.

"Esperamos que la voluntad y deseo de la mayor parte de los andaluces se cumpla y podamos tener un Guadalquivir gestionado por andaluces y desde Andalucía", ha afirmado el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, quien ha además recordado que los andaluces votaron en referéndum con claridad que querían un Guadalquivir gestionado por andaluces y desde Andalucía.

En este sentido, Rodríguez ha querido destacar la labor llevada a cabo desde la Junta de Andalucía en cuanto a la gestión del río Guadalquivir, "donde hemos tenido avances muy importantes en estos casi tres años de competencias, con más de 60.000 resoluciones y la regularización de 200.000 has de regadío". De este modo, Agustín Rodríguez la ha calificado como una gestión sin precedentes, habiendo conseguido uno de nuestros principales objetivos: la regularización de los regadíos".

Posición de coag

Por su parte, el responsable de Aguas de COAG-A, Rafael Civantos, ha indicado a Europa Press que "al final se ha tenido que cumplir la sentencia del TC, que obligaba a que la gestión del Guadalquivir tenga que revertirse al Gobierno central".

Civantos cree que "ahora debemos tener una administración central cercana a la ciudadanos andaluces" y ha pedido que dicha gestión "se lleve a cabo lo más que se pueda desde aquí".

"Nos hubiera gustado que la gestión del Guadalquivir hubiera seguido en Andalucía íntegramente, pero hay una sentencia que no lo permite y ello puede gustar más o menos, pero hay que acatarla", ha agregado el portavoz de COAG, quien recuerda que dicha reversión "no es decisión política sino jurídica, que hay que cumplir y punto, y a eso hay poco que objetar".