La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) se ha mostrado "enormemente satisfecha" por la reversión al Estado de las competencias de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por su territorio, de forma que, a juicio de Feragua, "la lógica vuelve a imperar", mientras que la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) ha recibido con "frustración" el retorno de las competencias y aboga por que el Parlamento andaluz "mantenga su lucha por mantener la gestión del 'Gran Río'".

Ambas asociaciones han reaccionado tras conocer que la Junta de Andalucía va a revertir de inmediato al Estado el "cien por cien" de las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por su territorio ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo satisfactorio con el Gobierno de la Nación que permitiera una "solución perfectamente legal y jurídicamente pacífica" a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía.

La presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, ha indicado a Europa Press que esta decisión "era lo que estábamos esperando y pidiendo desde un principio" y considera que con ella "se ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional".

"Era lo que queríamos y estamos satisfechos porque otra vez la lógica vuelve a imperar y se evitará tanta duplicidad en las administraciones", ha agregado Bustamante, para la que "se acaba con gastos innecesarios al volver otra vez a como estábamos antes, con la gestión más apropiada para garantizar una gestión eficaz, acorde al principio de unidad de cuenca, y donde no se produzcan duplicidades".

Feragua espera que "exista una política nacional del agua, que necesita una política nacional, trasvases incluidos, pues si esas gestiones se regionalizan y provincializan, a la hora de ponerse de acuerdo es una batalla". Además pide que "se acabe la politización que hasta ahora había".

Asimismo, ve esta solución como "la única constitucionalmente viable y capaz de devolver la seguridad jurídica a la cuenca" y ha lamentado la "pérdida de tiempo" que ha supuesto la encomienda de gestión de seis meses y la posterior prórroga de quince días, algo que considera muy ilustrativo "de la falta de respeto que muestran los políticos hacia los usuarios y sus verdaderos problemas".

Bustamante ha pedido a los representantes de ambas administraciones el coste que ha supuesto para las arcas públicas y por consiguiente para todos los ciudadanos este traspaso fallido de competencias, "en el que se ha despilfarrado un dineral que podría haberse empleado para mejorar la competitividad de la agricultura de riego de la cuenca".

Feragua además solicita la "máxima celeridad" en los trámites de devolución de competencias para acabar con la situación de "desgobierno" que vive la cuenca y ha subrayado que esa devolución de competencias "no debe ser entendida en ningún caso como el fruto de un acuerdo entre administraciones, sino como el resultado de un mandato de los tribunales". Señala asimismo que "quienes han mantenido y alimentado la falsa ilusión de que todo podía seguir más o menos igual tras la sentencia del Constitucional han incurrido en una grave falta de responsabilidad".

Reacción de areda

Por su parte, la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) ha recibido la noticia del retorno de las competencias del Guadalquivir al Gobierno central con "frustración", al considerar que "no se han agotado todas las alternativas existentes para conseguir que el río Guadalquivir siga siendo gestionado por andaluces y desde Andalucía".

Así, Areda ha recordado en una nota que la cuenca del Guadalquivir "pasa en un 98 por ciento por Andalucía y funciona como eje vertebrador del territorio andaluz, vital para la economía de nuestra tierra".

Por ello, esta asociación considera "trascendental" que se formulen otras alternativas y aboga por que el Parlamento de Andalucía "siga luchando para que nuestra comunidad autónoma pueda recuperar la gestión del Guadalquivir en base al artículo 150.2 de la Constitución Española, mediante el que el Gobierno central podría delegar competencias a Andalucía a través de una Ley Orgánica".

Asimismo, Areda ha lamentado que la propuesta, realizada junto a UPA-A, de poner en marcha una Agencia Estatal Intercomunitaria para gestionar el Guadalquivir desde Andalucía, "no haya sido tenido en cuenta ya que esta opción permitiría evadir los problemas jurídicos que han encontrado tanto el Gobierno central como el autonómico durante el periodo de negociaciones".

Por último, Areda ha valorado el trabajo realizado desde la Junta de Andalucía durante el periodo que ha durado la gestión del Guadalquivir, con la regularización de 200.000 hectáreas y 60.000 resoluciones, que han sido vitales para los regantes andaluces.