El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales traspasados a Andalucía por el Guadalquivir, después de que las dos administraciones no lograran encontrar un acuerdo satisfactorio y con una solución legal a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía.

El Gobierno, que ha señalado que con esta decisión se da cumplimiento a esa sentencia, ha aprobado el Real Decreto a propuesta de los ministros de Política Territorial y Administración Pública; Economía y Hacienda, y Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

En concreto, se integran en la Administración del Estado el personal funcionario y laboral, así como los puestos de trabajo vacantes traspasados en 2008, que quedarán adscritos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En total son 848 puestos de trabajo. También se integran los bienes inmuebles e instalaciones, la maquinaria y vehículos y otro material, así como las centrales hidroeléctricas y líneas de alta tensión.

La Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se subrogan en la posición de la Comunidad Autónoma en los contratos en curso de ejecución, asumiendo la totalidad de los derechos y de las obligaciones a partir del día de la entrada en vigor de este real decreto.

La Comunidad Autónoma de Andalucía continuará siendo responsable de los derechos y de las obligaciones, al igual que del pago de las deudas generadas por tales contratos, con anterioridad a dicha fecha de entrada en vigor.

Por último, corresponderá a la Comunidad Autónoma de Andalucía la recaudación de los derechos liquidados a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, derivados de la gestión de los servicios prestados por la comunidad, así como el pago de las obligaciones derivadas de dicha gestión.