La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha garantizado este viernes que la posición del Gobierno Central respecto a la situación de los 'chiringuitos', es "conciliar el cumplimiento de la ley" con "unas situaciones que se están dando y que son puntuales, que afectan a determinados establecimientos, uno a uno, con unas pecularidades determinadas", algo en lo que se trabajará en la comisión mixta entre Consell y Gobierno central.

Botella, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, remitió una carta al ministerio de Medio Ambiente reclamando la convocatoria de la comisión mixta entre la Generalitat y el Gobierno Central y "justo al día siguiente de recibir el escrito", ha explicado, el ministerio solicitó al Consell que "diga cuales son sus tres representantes" para poder proceder a la convotaria.

Así, ha explicado que en el convenio "aparecía que habría tres representantes de diferentes consellerias" pero no se concretaba, porque esto se determina "en función de las fechas en que se vaya a producir o del nivel que se quiera marcar".

Por ello, ha señalado que ahora que la Generalitat ha instado a que se celebre la reunión "es cuando se le ha pedido que por favor, diga cuales son los nombres", así como los temas que tienen interés de que sean incluidos en el orden del día. De este modo, en cuanto el Ministerio reciba esta información "se podrá proceder a la convocatoria de la comisión".

Misma posicion

La delegada ha reiterado que la posición del Gobierno "es la misma que cuando se firmó el convenio", es decir, "poder encontrar una solución consensuada con la Generalitat Valenciana, pero en el marco de la legalidad en la que se tiene que desenvolver la actividad de los establecimientos en el dominio público marítimo-terrestre".

Así, ha remarcado que el reto es "conciliar el cumplimiento de la ley en una perspectiva temporal y con unas situaciones que se están dando y que son puntuales, que afectan a determinados establecimientos, uno a uno, con unas pecularidades determinadas" y ha garantizado que tienen "toda la voluntad" para que se pueda resolver.

La delegada ha insistido en que "la ley es la ley, y lo que hacen los gobiernos responsables es encontrar soluciones en el marco de la ley" y ha indicado que unos gobiernos no son "mejores o peores porque favorezcan determinados intereses para resolver problemas muy a la medida", sino "desde la óptica del interés general".

En este sentido, ha remarcado que "hoy en día, con las sentencias que estamos viendo, se ve que la óptica del interés general con las sentencias que han salido del Tribunal Superior, es la que estaba defendiendo el Gobierno".

A partir de ahí, ha recordado, "como hay determinados establecimientos que, a hechos consumados, tienen hasta cuatro o cinco veces superficies de ocupación superiores a lo que marca la ley, vamos a ver caso por caso como podemos encontrar una solución".

Botella ha manifestado que "tan buena predisposición ha tenido la Dirección General de Costas que marcó durante todo este año un horizonte de tranquilidad" que se puede llamar "moratoria o cómo se quiera", ha indicado, para "ofrecer unas garantías a los establecimientos de que no se sintieran presionados en cuanto a la previsión de sus negocios en unas zonas y unos establecimientos altamente turísticos".

No obstante, ha recalcado que "esa tranquilidad no está exenta de que, como ha habido recursos que se habían interpuesto", éstos se vayan resolviendo jurídicamente.

Sobre lo que puede conceder la demarcación de Costas para este tipo de establecimientos, ha recordado que es "lo que marca la ley", es decir, superficies de 50 metros cuadrados. En cualquier caso, ha advertido que a aquellos que superan esta medida no se les ha enviado a "alguien a demoler esas terrazas", porque "se ha dicho que como va a haber la comisión mixta, vamos a ver cómo lo resolvemos".

"caso por caso" en la comision

Ha recordado también que algunos establecimientos han recurrido porque querían más superficie de terrazas y el Ministerio les ha contestado que "desde el punto de vista jurídico no se puede". Por ello, ha instado a "sentarnos caso por caso en esa comisión y a marcar un plan de trabajo, un plan de resolución".

La delegada ha asegurado que el Ministerio de Medio Ambiente está a expensas de que el Consell designe a sus tres representantes y los puntos del orden del día que quieren que se introduzcan para proceder a la convocatoria de la comisión mixta "para sentarnos a trabajar".

Ha recordado que además de los recursos judiciales planteados por los propietarios, en los que la justicia les ha trasladado que la Dirección General de Costas ha actuado conforme a derecho, se habían planteado recursos de alzada ante las autorizaciones de temporada al Ministerio, a lo que se les ha contestado "que lo máximo que se les puede permitir son los 50 metros", porque "por escrito no se les puede decir otra cosa", aunque se ha mostrado consciente de que "la situación, de hecho, supera esos límites y es lo que tiene que debatir ahora" en el seno de la comisión mixta.

Para Botella, lo que ha cambiado es que "el ordenamiento jurídico pone de manifiesto que el gobierno ha actuado desde el punto de vista del interés general, y no de una interpretación sesgada, partidista y frente a los intereses valencianos, que era lo que el PP, al frente de las instituciones valencianas, durante demasiado tiempo ha estado haciando ostentación y campaña" y, a su juicio, "perjudicando la resolución del problema".

En este sentido, ha indicado que "si desde el primer momento se hubiera planteado de una forma constructiva, se hubiera podido organizar antes la situación".