El Gobierno vasco prevé "movilizar" 3.000 nuevas viviendas en alquiler antes de que concluya el año a través de un programa de intermediación entre propietarios y arrendatarios, que consistirá en el pago de un seguro por parte del Ejecutivo para cubrir desperfectos e impagos de renta en la vivienda de alquiler, según ha explicado el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola.

En una Jornada sobre Financiación de Políticas Públicas de Vivienda celebrada este jueves en Bilbao, el consejero ha asegurado que, a pesar de las "dificultades" económicas y de financiación, las prioridades de la Consejería "no han variado" y, por tanto, seguirá apostando por una política de fomento del alquiler.

Arriola ha destacado los esfuerzos del Gobierno vasco para "movilizar vivienda vacía y reforzar así el arrendamiento de viviendas desocupadas". En esta línea, ha asegurado que, en el marco del Plan Director de Vivienda 2010-2013, el Ejecutivo aumentará el actual parque de 5.000 viviendas del programa Bizigune a 6.000.

Antes de que concluya el año, el Gobierno vasco pretende "movilizar" 3.000 nuevas viviendas en alquiler a través de un nuevo programa de intermediación entre propietarios y arrendatarios, que consistirá en el pago de un seguro por parte del Ejecutivo para cubrir desperfectos e impagos de renta en la vivienda de alquiler.

Estas viviendas, cuyas rentas serán "más bajas y asequibles" que las del actual mercado libre, podrán ser alquiladas por personas cuyo límite de ingresos no exceda los 39.000 euros anuales, con lo que se aumentará el actual límite de ingresos regulado para las viviendas de Bizigune y de Alokabide.

Arriola ha subrayado la necesidad de buscar, en la actual coyuntura económica de "limitación presupuestaria y de dificultades de financiación", nuevos mecanismos "audaces e imaginativos". En este sentido, ha defendido la apuesta del Gobierno por "captar inversión privada" para obtener financiación y recursos para ampliar el parque de vivienda de alquiler protegido.

El mecanismo de colaboración público privada que ha planteado su Departamento supone que un inversor privado ponga a disposición del Gobierno 4.000 viviendas por un mínimo de 20 años para que éste, a su vez, las subarriende a personas inscritas en Etxebide. El Gobierno abonaría a este inversor privado 700 euros al mes por vivienda, aunque recuperaría alrededor del 42 por ciento por la renta que los inquilinos abonen.

"Como resultado de esta operación, se garantiza la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler, se alarga el tiempo que las viviendas de Alokabide iban a estar en el mercado y las sociedades públicas Visesa y Alokabide se sanean para poder seguir desarrollando su labor de construcción en el caso de Visesa y de gestión de alquiler protegido en el caso de Alokabide, pero sobre todo dispondremos de este parque de 4.000 viviendas de alquiler durante los próximos 20 años, como mínimo", ha dicho Arriola.

El consejero ha lamentado que se está produciendo un aumento de los desahucios en Euskadi, a pesar de que estar "sensiblemente por debajo de la media española".

Arriola ha explicado que se ha modificado el convenio de colaboración financiera de este año para ampliar la garantía de recompra por parte del Gobierno vasco de las viviendas de protección pública. Esta modificación supone que el Ejecutivo cubre la totalidad de los préstamos durante toda la vida del préstamo en los casos que se presenten situaciones de morosidad sobrevenida como consecuencia de desempleo, incapacitación permanente total o cese de actividad de trabajo autónomo.

Según ha indicado, el Gobierno vasco cancelará la deuda y liberará al propietario de cualquier obligación sobre ésta y abonará, en su caso, al propietario la diferencia entre el precio de la vivienda y la deuda contraída.

Estas personas podrán acceder de forma preferente a los programas de viviendas promovidos por el Departamento y las viviendas adquiridas serán vendidas o alquiladas a personas registradas en Etxebide. ALTERNATIVAS

Durante la jornada celebrada en el Palacio de Euskalduna, se han analizado diferentes alternativas para la financiación de las políticas de vivienda. El acto ha contado con la participación de expertos en materia de vivienda, que han ofrecido desde diferentes perspectivas posibles soluciones para "desbloquear" la situación en la que se encuentra el sector.

Se han puesto sobre la mesa experiencias innovadoras practicadas en Francia, Cataluña y Andalucía y se ha contado con la participación del Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial, la Organización de Consumidores y Usuarios.

La jornada ha profundizado en la búsqueda de financiación para la construcción de vivienda protegida destinada al alquiler y de las herramientas que posibiliten el aumento del acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía, especialmente de aquellos colectivos con un mayor riesgo de exclusión.

También se han conocido medidas concretas que las administraciones públicas están llevando a cabo en su intento por paliar "la grave crisis" en la que el sector de la vivienda se encuentra inmerso desde "el estallido de la burbuja inmobiliaria", según ha explicado el Gobierno.