La mayoría de los Estados miembros, incluidos Francia, Alemania e Italia, han pedido al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, una mayor "simplificación" en la futura reforma de Política Agraria Común (PAC) que se debe negociar de aquí a 2014 y que permita a los países mayor "flexibilidad" a la hora de introducir los cambios que propone en esta política.

En el marco del primer debate celebrado sobre los cambios que propone Bruselas para la PAC, los ministros europeos de Agricultura han considerado en su mayoría que se trata de una buena base de negociación, pero piden modificaciones de calado para asegurar que implicará mayores costes y burocracia. También apuestan por una mayor "flexibilidad" para que los gobiernos nacionales apliquen los cambios adaptados a las especificidades de sus productores.

Entre las voces más críticas, la de la ministra española, Rosa Aguilar, que durante su intervención ante el comisario ha tachado de "decepcionante" la propuesta en general y ha considerado "inaceptables" elementos propuestos como la llamada 'tasa plana' para poner fin a los derechos históricos de los antiguos Estados miembros para asignar las ayudas directas a sus agricultores.

El ministro italiano, Francesco San Romano, ha dejado claro a su llegada que Italia rechaza todos los principales elementos de la propuesta comunitaria y durante el debate ha sostenido que la reforma "va en el sentido contrario" de la simplificación y mayor competitividad que se busca. Además ha afirmado que la definición de agricultor activo o el 'reverdecimiento' de la PAC son planteamientos "difícilmente aplicables" y se ha mostrado "muy desilusionado" por la "rigidez" de la reforma.

También Irlanda, Letonia, Grecia y Lituania han aportado argumentos similares a los españoles e italianos para poner en duda que la reforma propuesta tenga en cuenta las necesidades de los agricultores europeos.

En el debate, Aguilar ha explicado que el sistema de pago unitario para las ayudas directas generaría "desequilibrios territoriales y productivos" y "pone en serio peligro la viabilidad" del sistema productivo español, porque castiga a los agricultores más eficientes y con mayor rendimiento debido a que son estos productores los que también afrontan mayores costes de producción.

Una pac más verde.

España también se ha posicionado en contra de condicionar el 30 por ciento de los apoyos directos al cumplimiento de requisitos medioambientales específicos porque las tres prácticas propuestas (pastos permanentes, barbecho ecológico y rotación de cultivos) podrían "debilitar" al sector. Además ha subrayado que los agricultores europeos ya asumen esfuerzos medioambientales importantes.

El llamado 'reverdecimiento' de la PAC ha sido uno de los puntos que más dudas ha levantado entre los países por considerar. El ministro francés, Bruno LeMaire, ha explicado que su país recibe esta idea favorablemente como principio, pero reclama que sea "más simple y coherente". Reservar el 30 por ciento de los recursos del primer pilar a esta medida es, a su juicio, "excesivo" y también considera inapropiado limitar a tres las prácticas posibles.

Otros países como Portugal, Austria, Suecia y Alemania han valorado la idea de premiar a quienes hagan esfuerzos medioambientales pero en general han reclamado "flexibilizar" en el porcentaje a reservar a este objetivo y en el listado de medidas reconocidas como prácticas 'verdes'.

Una de las principales reclamaciones de Bruselas, esto es reequilibrar el reparto de las ayudas directas entre sectores y regiones para favorecer un pago más justo, ha sido aplaudido por países como Hungría, pero también ha sido bien recibido por otros que, como Francia, se han mostrado de acuerdo en eliminar los derechos históricos.

La vieja aspiración de Bruselas de fijar un techo a las ayudas para evitar que sigan enriqueciéndose los grandes terratenientes y que en anteriores reformas ha sido sistemáticamente tumbada por los gobiernos nacionales, sólo ha sido abordada por dos Estados miembros. República Checa y Reino Unido han expresado ante sus colegas europeos y ante el comisario su firme oposición a que esta medida salga adelante porque temen que reduzca la competitividad.

La ministra británica, Caroline Spelman, ha asegurado que la propuesta de reforma puede ser una "oportunidad perdida" porque no afronte con acciones adecuadas los objetivos de seguridad alimentaria y lucha contra el cambio climático.