El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha pedido este jueves al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que no mienta sobre el proceso de traspaso de esta competencia a la Comunidad Autónoma y le ha acusado de "incapaz" y de ser "un poco desahogadote".

De este modo se ha pronunciado el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia tras las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia que ve al Gobierno autonómico "incapaz" de asumir y gestionar esta competencia.

"Hay que tener desparpajo", ha manifestado el consejero, que ha insistido en que el único incapaz en este asunto es el propio Ministerio. "Pues está buena la justicia", ha añadido De Santiago-Juárez, que ha definido a Caamaño como "el peor gestor que ha tenido la Democracia española en el ámbito de la Justicia".

Tras recordar que ningún ministro debería mentir, "y menos el de Justicia", ha precisado, José Antonio de Santiago-Juárez, ha mostrado una misiva con fecha de 6 de octubre del director del Gabinete de Caamaño en respuesta a una carta remitida desde la Consejería de la Presidencia el 27 de julio para retomar las negociaciones de la transferencia.

Según ha asegurado, "este gran gestor —en referencia a Francisco Caamaño— que ha tardado dos meses y medio en responder" ha preferido demorar esa reunión con la Junta a una fecha posterior a la celebración de las elecciones generales del 20 de noviembre y sólo se ha mostrado dispuesto a negociar el coste de las oficinas judiciales de Burgos y León ya que ha instado a la Comunidad a financiar el resto.

"Hay que tener descaro", ha reiterado el portavoz y consejero de la Presidencia, que ha acusado al Ministerio de Justicia de decidir dónde, cómo y cuándo para que pague después la Junta.

El portavoz de la Junta ha reiterado su rechazo a asumir una competencia con el actual cálculo de coste efectivo, 133 millones de euros, a los que se ha referido como "déficit".

Dicho esto, ha recordado que su departamento sigue trabajando por la firma de un acuerdo social con los agentes del sector, un objetivo que seguirá mañana con la reunión con el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo.