Los Veintisiete debatirán por primera vez este jueves los cambios en la Política Agraria Común (PAC) que propone Bruselas a partir de 2014, tales como repartir de manera "más justa y equilibrada" las ayudas directas fijando un pago básico unitario —algo que España ha tildado ya de "disparate"— y condicionar parte del pago a esfuerzos medioambientales.

La mayoría de países han mostrado hasta ahora sus reservas al documento por distintos motivos y los ministros de Agricultura europeos tendrán ocasión de presentar las primeras posiciones formales este jueves en Luxemburgo. Se trata del arranque de unas negociaciones que se auguran largas entre gobiernos y con la Eurocámara en el próximo año y medio.

La ministra española, Rosa Aguilar, ya dejó claro esta semana, tras una reunión con las comunidades autónomas, que España rechaza de plano la propuesta y que planteará al comisario responsable, el rumano Dacian Ciolos, que la retire. Además considera insuficiente el gasto agrícola que Bruselas prevé para el próximo periodo, y que se reduciría de un 39% a un 33% del presupuesto total de la UE entre 2014 y 2020.

Entre las principales ideas que plantea el Ejecutivo comunitario para la reforma figura acabar con los derechos históricos, que en principio benefician a países como España y Francia, para fijar un pago base unitario por sectores y regiones, similar al que ya se aplica en los países de más reciente adhesión a la UE. Alemania y Reino Unido también aplican sistemas híbridos similares.

España considera que esta idea es un "disparate", según palabras de la propia ministra, porque no atiende a la diversidad y complejidad del sector primario en Europa. Por la misma razón, tampoco gusta al Ministerio ni a los agricultores españoles que se pretenda reservar un 30% de las ayudas directas a incentivar prácticas 'verdes' como el barbecho ecológico, los pastos permanentes o la rotación de cultivos.

La definición de 'agricultor activo' para que perciban subsidios quienes acrediten que ingresan al menos un 5% de su renta de la actividad agrícola y establecer un techo máximo de 300.000 euros anuales por explotación son medidas con las que Ciolos pretende evitar que se beneficien de la PAC grandes terratenientes y "agricultores de sofá". Sin embargo, fuentes comunitarias admiten que en la práctica estas restricciones dejarían fuera a un segmento muy limitado de actuales beneficiarios.

La tarifa plana para el pago base será uno de los principales escollos en las negociaciones porque plantea un "problema bastante difícil" de resolver para los antiguos Estados miembros que aplican referencias históricas que tienen en cuenta la situación de las explotaciones entre 2000 y 2002. "No es posible que un agricultor siga cobrando en función de la producción que tuvo hace una década", argumentan fuentes comunitarias.

La reforma que plantea Bruselas fija como prioridades garantizar el suministro seguro y de calidad de alimentos a la población, una gestión sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento del "equilibrio territorial y la diversidad de las zonas rurales".

Con estos cambios, el Ejecutivo comunitario quiere "justificar mejor ante el contribuyente" el gasto agrícola de la UE, que actualmente suma cerca de 60.000 millones de euros, en torno al 40% del presupuesto total, explican fuentes comunitarias. España, uno de los principales beneficiarios de esta política, recibe unos 7.500 millones de euros cada año.