El Juzgado de Instrucción número 2 ha encontrado indicios racionales que apuntan a que los grupos empresariales implicados en la presunta trama de corrupción política y mercantil que se investiga a través del caso 'Poniente' en El Ejido (Almería) podrían haber incurrido en varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del impuesto de sociedades.

Así se recoge en un auto dictado por el órgano en el que insta a los responsables de las subcontratas que operaban con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada el eje de la presunta trama, a que, si lo estiman oportuno, pidan realizar una declaración ampliatoria para esclarecer los pormenores del supuesto fraude fiscal, según han precisado a Europa Press fuentes judiciales.

La resolución que amplía los delitos investigados, que hasta ahora era los de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, deriva de los indicios que se desprenden de al menos cinco informes periciales que la anterior instructora de la causa, la magistrada Montserrat Peña, solicitó a la Agencia Tributaria (AEAT) mediante un oficio liberado en agosto de 2010 y en los que se analiza la documentación contable que durante la investigación se ha intervenido a los principales imputados.

En concreto, los citados informes que se han pproveído en julio y septiembre señalan que entre los años 2002 y 2009 las mercantiles que subcontrataban con Elsur y que aparecen vinculadas al denominado 'Grupo Amate', liderado por el empresario sevillano José Amate; al 'Grupo Galán', encabezado por el empresario madrileño Juan Antonio Galán; al conocido como 'Grupo Abengoa' y a los también imputados Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, pudieron incurrir en fraude fiscal.

Los documentos periciales emitidos por la AEAT señalan, asimismo, que en el mismo periodo temporal, los grupos Amate, Galán y Abengoa "sobrefacturaron" a la empresa mixta un total de 53,917 millones de euros, cuantía que excluye los servicios fuera de canon y en la que solo se contabilizan conceptos contemplados en el pliego de condiciones y pactados anualmente con el Ayuntamiento ejidense gobernado por el exregidor Juan Enciso (PAL), encarcelado durante ocho meses por su implicación en la presunta trama corrupta.