La Fiscal Delegada de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres Porras, ha presentado este miércoles en el Parlamento de Andalucía, a petición del grupo socialista, la memoria de 2010 de este órgano, en la cual, se constata que los procedimientos por violencia de género descendieron en un 12,55 por ciento el año pasado con respecto a 2009.

De Torres ha calificado esta noticia de "bastante buena" porque, según ha precisado durante la Comisión de Igualdad en la Cámara andaluza, esto significa que se han canalizado un total de 33.431 procedimientos judiciales por violencia de género, menos que "otros años en los que hubo un ascenso espectacular, como en 2009".

Estos datos, así como el hecho de que la Fiscalía haya contabilizado un aumento del 6,28 por ciento en el número total de medidas de protección dictadas, contrastan con los presentados ayer martes por la consejera para la Igualdad, Micaela Navarro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde resumió las cifras más importantes del tercer informe anual que su departamento ha realizado sobre la violencia de género en la comunidad. Según este informe, las denuncias por violencia de género en 2010 crecieron un tres por ciento y las órdenes de protección, por contra, decrecieron en un 19 por ciento (de 5.287 en 2009 a las 4.335 de 2010).

Frente a ello, la fiscal delegada ha asegurado que la totalidad de medidas de protección efectuadas en Andalucía el año pasado suman 13.616; es decir, casi tres veces más que las contabilizadas por la Junta. Según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería para la Igualdad, esta diferencia se debe a que el informe de la Fiscalía tiene "fuentes de información distintas" a las de la Junta, que para realizar este estudio acudió a los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, explican que las cifras de la Fiscalía "no coinciden" porque ella recaba datos "de todos los juzgados" de la comunidad y no solo de los especializados en violencia de género.

Para De Torres, el hecho de que los procedimientos por violencia se género, según sus datos, hayan bajado en un 12,55 por ciento es una "noticia importante y objetiva que indica que en el aspecto judicial se está trabajando mucho y se está trabajando con resultados". "Si casamos esta información con que existen más órdenes de protección pero menos procedimientos judiciales, creo que el silogismo parece claro: que en el aspecto judicial hemos conseguido cierta contención importante en la violencia genero", ha resumido no sin antes recalcar que las 13.661 órdenes de alejamiento dictadas en Andalucía "están muy por encima de las de Fiscalías de otras comunidades autónomas".

La fiscal ha señalado, no obstante, otros datos menos positivos del informe de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, como el de que hayan "despuntado" los casos de violencia de género en el ámbito rural, al que pertenecen ya el 18 por ciento de las víctimas del año pasado, frente al 82 por ciento del ámbito urbano. Además, ha subrayado que el grueso de los actos de violencia de género por parte del agresor (en torno al 70%) se producen en el momento de la ruptura sentimental de la pareja, que es cuando más se eleva el índice de peligrosidad.

De las 17 víctimas mortales por violencia de género en 2010 en Andalucía, De Torres también ha aportado un dato significativo con respecto a los asesinos o "feminicidas". El 18 por ciento de ellos acabó con su vida y el 24 por ciento lo intentó. En el 58 por ciento de los casos restantes no hubo intención o tentativa de suicidio.

"macroutilización" de los juicios rápidos

La fiscal también ha realizado una exposición de la actual situación de los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer. Pese a agradecer a la Junta de Andalucía el hecho de que haber dotado a los juzgados de Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género —compuestas por forenses, psicólogos y trabajadores sociales que no solo comparecen en el juicio como pruebas periciales sino que, además, "dan sentido de género a los procedimientos"—, De Torres ha lamentado la "disfunción tan grande" que existe entre unas provincias y otras.

En este sentido, ha valorado las cinco unidades con la que cuenta la provincia de Málaga, pero ha considerado insuficientes las dos de Granada y las únicas que tienen en el resto de provincias andaluzas. "Es necesario que haya más unidades de valoración integral de violencia de género, porque dotan de especialización a todos los profesionales", ha insistido.

De otro lado, ha señalado que existe una "macroutilización" de los juicios rápidos en los casos de violencia de género, lo que permite, en determinadas circunstancias, "que se dejen fuera del procedimiento una serie de conductas (del maltratador) que pueden quedar impunes". Según ha explicado, los juicios rápidos dan una "protección inmediata, efectiva e integral a la víctima en el momento del hecho, pero también pueden silenciar conductas de habitualidad que van a pasar como invisibles en el procedimiento dada la precariedad de ejecución de todas las pruebas".

En cambio, en el otro tipo de procedimiento judicial habilitado para los casos de violencia de géneros, los llamados 'abreviados', "independientemente de la protección de la víctima en el momento de la denuncia, se derivan una serie de pruebas complementarias que sirven para analizar el historial del maltratador, como violaciones o delitos contra la integridad moral". Es por ello por lo que ha criticado la "macroutilización" de los juicios rápidos, mediante el cual se resuelven "más de la mitad" de todos los procedimientos por violencia de género en la comunidad.

Igualmente, De Torres ha señalado de "abusivo" el uso que, en la actualidad, se está haciendo del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, "que es el derecho de la víctima a no declarar contra su agresor". "Se utiliza de forma torticera a veces incluso por los profesionales del derecho para impedir a ciertas víctimas en estado de absoluta vulnerabilidad el uso de una declaración con una serenidad y tranquilidad en los procedimientos", argumenta.

Más coordinación

De Torres ha concluido su intervención pidiendo "más coordinación" entre todas las administraciones para con la violencia de género, aunque ha valorado la ya existente. Así, ha informado de que están "pendientes" un par de proyectos "muy importantes" con la Junta de Andalucía: la elaboración de una base de datos única sobre la violencia de género y la firma de un convenio de colaboración entre la Fiscalía y la Administración autonómica para la detección de la violencia de género.

Sobre el primer proyecto, ha anunciado que la base de datos en la que se pretende "canalizar toda la información" que sobre violencia de género tengan Fiscalía, Policía, Estado y Junta está ya "finalizada y ultimada" a falta de "los permisos y concesiones" necesarios para poder comenzar a usarla. En su opinión, esta base de datos permitirá "obtener un análisis mucho más pormenorizado, más estadístico y más empírico para dar respuesta a la violencia de género, ya que hay que seguir profundizando en las causas".

En cuanto al convenio entre la Fiscalía y la Junta para la detección de la violencia de género, De Torres ha concretado que también está ya "regulado y establecido" y que solo está "pendiente de la firma de las autoridades competentes para que tengamos una mayor cooperación", por lo que espera que vea la luz en 2012.