La Diputación de Cádiz ha aprobado en Pleno una propuesta del Grupo Popular de reconocimiento a dichas instituciones provinciales; ha apoyado, por unanimidad, otra moción del PSOE en defensa del sector pesquero andaluz en el marco de la nueva política pesquera comunitaria y otra, también socialista, encaminada a solicitar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo ejercicio incluyan partidas para compensar por servidumbre militar a los municipios de Barbate, Rota y San Fernando.

Esta última moción ha sido aprobada por unanimidad, si bien el presidente de la Institución, José Loaiza (PP), ha considerado que se trata de una moción "a favor de dos ayuntamientos del PP —por Rota y San Fernando— y uno del PSOE —por Barbate— y en contra del futuro Gobierno de España", que está convencido de que será del PP.

Asimismo, la Corporación Provincial ha aprobado, también por unanimidad, una moción presentada por el diputado de IU encaminada a instar al Gobierno central a que adopte medidas para eximir a los trabajadores por cuenta ajena eventuales de la obligatoriedad del requisito de las 35 jornadas reales para tener derecho a percibir el subsidio agrario o renta agraria.

A instancias del Grupo Popular se han aprobado mociones para que no se disminuyan por parte de la Junta las prestaciones para la Ley de Dependencia y el Programa contra la exclusión social.

Por otra parte, el Pleno ha dado su visto bueno a la solicitud de un crédito al Instituto de Crédito Oficial, por un importe de 4,77 millones de euros, para saldar deudas con proveedores. Detalla que el préstamo solventará el pago de suministros, obras y servicios certificados con anterioridad al 30 de abril de 2011, y también que los acreedores son, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Además, se ha acordado una modificación de crédito en el presupuesto vigente, por una cuantía de 2,3 millones de euros, que permitirá atender obligaciones derivadas del Proyecto Integral de Empleo, el programa de adquisición de material escolar, recursos para materializar la Ley de Dependencia, o necesidades del Plan Provincial de Obras y Servicios.

El Pleno también ha aprobado una modificación de la plantilla de Diputación, adaptándola a su nueva estructura organizativa. Un cambio motivado por la reducción de áreas de gobierno — de 16 a seis— y la consecuente merma de direcciones. El responsable del área de Función Pública y Recursos Humanos, Luis Ángel Fernández, ha explicado que esta racionalización supone un ahorro de 52.315 euros con respecto al organigrama anterior.

Por otra parte, nuevamente por unanimidad, el Pleno provincial ha aprobado una propuesta en la que se insta a la Consejería de Cultura de la Junta a "culminar la tramitación iniciada para solicitar oficialmente a la UNESCO que sea ampliada al arte sureño la declaración de Patrimonio de la Humanidad que hoy disfruta el resto del arte prehistórico del arco mediterráneo", así como a la "elaboración de un plan integral de protección y mantenimiento".

Ruegos y preguntas

En el apartado de ruegos y preguntas, el diputado provincial de IU, Pedro Romero, ha realizado seis preguntas en las que se ha interesado, entre otras cuestiones, por cuándo pondrá la Diputación en marcha un Plan Especial de Empleo, sobre cuándo piensa recibir o visitar el presidente a determinados ayuntamientos que no son del PP, o sobre los criterios seguidos para la concesión a los ayuntamientos de ayudas a la mejora de espacios industriales.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco González Cabaña, ha criticado el "uso partidista" que, en su opinión, está haciendo el PP de la información institucional y de los canales de comunicación de la Diputación.

Asimismo, ha realizado numerosas preguntas que el Gobierno provincial contestará por escrito. Entre ellas, el portavoz socialista ha preguntado sobre los planes de futuro en relación a Tugasa y a la Fundación Dos Orillas, sobre los plazos para la puesta en marcha del plan de empleo provincial o para la firma del nuevo convenio para financiar la recogida de residuos.

Por último, también ha solicitado información al equipo de gobierno sobre las tarjetas de crédito que dice haber eliminado Loaiza así como los garajes alquilados para coches del parque móvil. En este sentido, González Cabaña quiere que el PP precise a qué partidos daban servicios estos vehículos.