El Gobierno de Cantabria debe 39,8 millones de euros a bancos y entidades financieras como consecuencia de las obras del Puerto de Laredo que, según ha recordado el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, está "sin abrir" tras su inauguración a finales de la pasada legislatura.

En concreto, se deben 39,8 millones a los bancos por el propio puerto, pero a esto hay que sumar 3,6 de la lonja, que se está haciendo en estos momentos, y de la que queda pendiente la urbanización de la zona de servicios, pendiente de salir a licitación. El total no se terminará de pagar hasta el año 2019.

Los datos los ha revelado el consejero durante una comparecencia parlamentaria, en la que también ha detallado que en el aparcamiento de Amestoy, en Castro Urdiales, quedan por pagar hasta 2014 un total de 14,7 millones de euros.

Estas cantidades, que deberán pagarse cada año, suponen un "condicionante preocupante" para la redacción de los presupuestos de 2010, según ha admitido Rodríguez Argüeso al ser preguntado por el diputado 'popular' Julio Cabrero.

Aparcamiento de amestoy

Esta situación ha motivado que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda haya decidido destinar los ingresos que se obtengan por la explotación del aparcamiento subterráneo de Amestoy a pagar la obra, y no a la segunda fase del proyecto, que preveía mejoras en el Puerto, como el dique norte o el Puerto Deportivo.

El consejero ha lamentado en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda del Parlamento de Cantabria que pagar la obra costará "una pila de años" ya que, de los 19 millones de euros que costó, sólo se han abonado 4.

El resto supone 14,7 millones de euros que se deberán ir pagando hasta el año 2014, a razón de aproximadamente 3,5 millones por cada año.

La renuncia a la segunda fase del proyecto ha provocado la "sorpresa" de la diputada regionalista Alodia Blanco, quien ha recordado que el anterior Gobierno se comprometió a dedicar esos ingresos al resto de la obra, y lo ha vinculado con el anuncio de "renunciar" al proyecto de hospital de Castro Urdiales.

Es una actitud de "constante desprecio" a Castro Urdiales por parte del Gobierno regional y del PP, al que Blanco le reprocha que nunca haya realizado inversiones desde sus consejerías en este municipio.

"Los castreños no somos más que nadie, pero tampoco menos, y vemos noticias que perjudican a Castro", ha denunciado la diputada del PRC, a lo que Rodríguez le ha respondido remitiéndose al anuncio de este miércoles de construcción de un colegio en el municipio.

Y mientras el PRC acusa al Gobierno de actuar como "un inversor privado", Rodríguez Argüeso ha defendido que las inversiones deben ser "productivas" y también ha abogado por una gestión conjunta del dinero público, proceda de consejerías o de empresas públicas, en lugar de los "comportamientos estancos" con los que actuaba el Gobierno anterior.

De momento, el Gobierno trabaja en la ordenación del aparcamiento para las concesiones de las plazas, para lo que se recaba toda la información posible mientras se realizan los informes jurídicos.

Viviendas en udías

El PRC teme que el Ayuntamiento de Udías quiera regularizar la construcción de 44 viviendas, de las que piensan que podrían ser ilegales por no respetar la distancia mínima respecto a la antigua carretera autonómica.

El asunto, que ha provocado un "rosario de sentencias", ha llegado al Parlamento de Cantabria, donde el Grupo Regionalista presentó una serie de preguntas a las que ha respondido este miércoles el consejero de Obras Públicas y Vivienda.

La diputada del PRC Matilde Ruiz ha recordado que la anterior Consejería, encabezada por el regionalista José María Mazón, emitió informes contra la licencia de este proyecto y recurrió contra la delimitación geográfica.

Pero el consejero actual le ha recordado que Mazón también pidió la paralización de las obras, rechazada por los tribunales y se ha preguntado por qué entonces no se recurrió también contra esa licencia.

Ruiz ha descrito que las viviendas se encuentran limitando a la carretera antigua, pero también a menos de dos metros de la nueva. Y ha contado que el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno que se desafecte esta vía, solicitud cuya recepción Rodríguez ha confirmado.

Para los regionalistas, esta petición puede obedecer "a otros temas", como la "legalización" de unas edificaciones "ilegales", a lo que el titular de Obras Públicas responde defendiendo que no hay sentencia que las declare ilegales y preguntando, a su vez, por los "intereses" que tuvo el anterior Gobierno en este asunto.