La CEOE y Cepyme han aprobado este miércoles un documento con las propuestas de los empresarios para superar la crisis. Es un texto destinado a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Entre las medidas más importantes, el presidente de la patronal, Juan Rosell, ha pedido que el despido improcedente para los nuevos contratos indefinidos se rebaje a 20 días, de los que ocho los abonaría el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). También quiere que el despido procedente pase de 20 días "a 12 o nada" con un máximo de un año, a pagar en su totalidad por el empresario. La reforma laboral de 2010 ya aprobó un despido más barato.

En la actualidad, la indemnización por despido improcedente es de 45 días para los indefinidos ordinarios con un tope de 24 mensualidades y de 33 para los fijos a través de un contrato de fomento del empleo estable con un tope de un año de salario. Ahora, lo que pide la CEOE es que se cree un nuevo contrato indefinido -los otros dos seguirían en vigor- con una indemnización de 20 días y un máximo de un año de sueldo.

Rosell plantea la necesidad de reducir el coste del despido para facilitar la contratación. "No hay que satanizar la salida del mercado de trabajo", a lo que añadió que es preciso que "si los empresarios tienen que despedir, que no tengan los impedimentos que tienen". "Cuanto más facilidades demos a la salida del mercado de trabajo, más posibilidades habrá de que los empresarios se atrevan a contratar", añadió.

En el documento presentado, la patronal propone además simplificar las 43 modalidades de contrato actuales a un total de seis. Así, quedarían la nueva modalidad de indefinido, el temporal, el fijo discontinuo, el de obra y servicio, el de a tiempo parcial y el de formación.

Por otro lado, los empresarios entienden que la reducción del déficit público ha de hacerse mediante recortes en el sector público, que ha crecido "descontroladamente", y en ningún caso con un aumento de impuestos. "El sector público debe centrarse en lo esencial, reducir su tamaño, simplificar su estructura y adaptar sus recursos humanos a la nueva situación", señala el documento, en el que se hace hincapié en que el ajuste fiscal debe realizarse por el lado de los gastos. No obstante, la CEOE pide centrar el ajuste en los gastos corrientes para que los recortes no afecten a la inversión pública, especialmente la destinada a infraestructuras, por el impulso que suponen para el crecimiento económico.

Los empresarios no creen que el equilibrio presupuestario deba acometerse por el lado de los ingresos, ya que consideran que la carga fiscal tiene que mantenerse constante. De hecho, la patronal aboga por reducir "sustancialmente" las cotizaciones a la Seguridad Social, el impuesto de sociedades y el gravamen sobre el ahorro, además de una reforma del IVA que permita a las empresas no pagarlo a Hacienda hasta el cobro de las facturas.

Otra de las medidas que la patronal quiere es que los partidos lleven en sus programas electorales la fijación de un copago (que el usuario pague parte del coste) en materia de sanidad, de justicia y de educación. La CEOE también aspira a que se regule el derecho a la huelga, porque, como ha destacado Rosell, no se puede parar un país porque un determinado grupo organice un paro cuyos daños sean mayores que los derechos que se defienden. "Es de sentido común" que se plantee su regulación y que se haga de la mejor manera, ha indicado el presidente de la CEOE.

El hecho de que la patronal española vuelva a pedir una rebaja del coste del despido improcedente ya ha levantado algunas ampollas. Por ejemplo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, criticó a la patronal por "aprovechar la crisis" para pedir a los candidatos electorales que rebajen la indemnización por despido.

Además, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha lanzado a la CEOE un mensaje muy claro al pedirle "sensatez, cordura, prudencia y mesura" en sus propuestas.

Durante el 'Foro Cinco Días', el titular de Trabajo ha acusado a los empresarios de pretender "aprovechar la ocasión para producir reformas que están fuera del marco laboral y que destruirán el sistema de relaciones laborales", con propuestas que "no están justificadas". Gómez también ha pedido a las empresas que apliquen las reformas aprobadas y las dejen funcionar "un tiempo mínimo".

También en los últimos días se ha hablado de la propuesta de CEOE y Cepyme de pasar la mayor parte de los festivos nacionales a los lunes o viernes como medio de favorecer la productividad, así como la renovación y la innovación del sector empresarial español. Esta iniciativa, según se ha explicado desde Cepyme, trata de buscar un modelo que, por un lado, sea más productivo, y, por otro, que no dañe a ciertos sectores que se pueden ver afectados por una escasez de puentes, como el sector turístico.

Los empresarios alegan que este modelo, que se sigue en algunos países europeos y de América, sería más beneficioso para sectores como el industrial, en el que hay problemas de arranque y parada de la producción cuando los festivos caen a mitad de semana.