El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de la ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera. La norma, que amplía la legislación estatal sobre esta materia, se aplicará fundamentalmente en los ámbitos de los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que el proyecto establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población andaluza afectada por este tipo de discapacidades, que supera las 176.000 personas.

Junto con ello, incluye disposiciones para fomentar la generalización de los medios técnicos de apoyo dirigidos a aquellas personas con discapacidad auditiva que optan por la comunicación en la lengua oral castellana. Para desarrollar estos objetivos, el texto incluye una memoria económica con una previsión inicial de 406,4 millones de euros hasta el año 2014.

Como principales novedades respecto a la ley estatal, la norma andaluza regulará los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Respecto a los intérpretes de lengua de signos, el desarrollo de las distintas medidas previstas en el proyecto supondrá una notable ampliación de la dotación de estos profesionales en Andalucía, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión administrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral. La Junta de Andalucía financió el pasado año la contratación de 281 intérpretes y la previsión es que este número casi se duplique tras la entrada en vigor de la ley.

Asimismo, la norma promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva.

De igual modo, la administración de justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. En cuanto el ámbito educativo, el proyecto incluye disposiciones para reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que ya se vienen utilizando en los centros escolares, así como para promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado.

Finalmente, la futura ley obligará a facilitar la accesibilidad a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical.

La norma se enmarca en la política desarrollada por la Junta durante la última década con el fin de evitar la discriminación de las personas con discapacidad auditiva. La Ley de medidas fiscales y administrativas del Presupuesto andaluz para 2003 ya incluyó disposiciones concretas para fomentar la integración en el ámbito educativo y para la extensión de la lengua de signos y los medios de apoyo a la lengua oral. Asimismo, la Junta implantó a mediados de la pasada década el programa de detección y tratamiento precoz de la hipoacustia infantil.