El PSRM-PSOE denunció en el año 2007 el presunto caso de corrupción urbanística en los municipios de Librilla y Aledo y exigió el cese del que fuera responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que fue detenido por la Guardia Civil en relación a la Operación Biblioteca y que falleció años después en un accidente de tráfico.

En concreto, los socialistas, que colaboraron con la Fiscalía en este caso de corrupción por el que se investigaban los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en el Ayuntamiento de Librilla, alertaba, tras la redacción del PGOU, de supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por las empresas privadas Control y Gris, y Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI), y cuyos socios eran Domingo Peñalver y José Luis Cano, así como la empresa pública Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL).

Tras lo que en 2008, el juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ordenó el ingreso en prisión del alcalde de Librilla, José Martínez García, del Partido Popular.

Asimismo, ordenó aquel año el ingreso en prisión provisional del consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés, y el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que falleció posteriormente en un accidente de tráfico.

Las detenciones se enmarcaron, como en esta nueva pieza relacionada con la Operación Biblioteca, en las investigaciones que estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

En la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.

Mientras, en una segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.

En esta nueva pieza se ha detenido al alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, y al parecer a otras siete personas.