La reclamación contra Aena y el Ministerio de Fomento por la cancelación de los vuelos en el Puente de la Constitución de 2010 representa ya a 10.000 afectados, que solicitan una indemnización global de 100 millones de euros.

La Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo ha presentado este martes una segunda reclamación contra Aena y el Ministerio de Fomento en nombre de 5.000 afectados, y que se suma a otra igual presentada el pasado 27 de julio.

El despacho Cremades & Calvo Sotelo, en representación de los perjudicados, ha presentado así la segunda solicitud de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que exige una compensación de 10.000 euros por daños morales para cada viajero.

A esta cifra se unen las compensaciones que reclaman los pasajeros por los daños materiales causados -por ejemplo gastos de hotel y de transporte- importes que son diferentes para cada afectado y que hoy no han sido cuantificados.

El socio de Cremades & Calvo Sotelo y portavoz de la plataforma, Luis Vericat, ha informado en rueda de prensa que antes del 3 de diciembre -primer aniversario de los incidentes y fecha límite para incorporarse a la iniciativa judicial- se presentará "una nueva demanda en representación de nuevos afectados.

En su opinión, se trata de la "demanda colectiva más importante presentada nunca".

Desde la presentación de la primera reclamación el 27 de julio se abrió un plazo de seis meses para que Aena la tenga o no en consideración.

Vericat se mostró convencido de que estas reclamaciones, que son el paso previo obligado por ley para agotar la vía administrativa, "serán desestimadas por Aena, pero será entonces cuando acudiremos al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo" de la Audiencia Nacional.

De esta manera se asegura a los afectados una segunda vía para reclamar los daños causados por la huelga de los controladores, que abandonaron sus puestos de trabajo el 3 y el 4 de diciembre de 2010 en varias ciudades españolas.

Tanto por el cauce administrativo como el penal, los demandantes quieren que se considere a Aena y a los controladores corresponsables de lo sucedido, con el fin de que por una u otra vía cada afectado pueda percibir la indemnización máxima de 10.000 euros.

Vericat se mostró convencido de que Aena es "solvente" para asumir sus responsabilidades, y que en caso de no poder hacerles frente deberá ser el Estado quien responda.

La presidenta de la Agrupación de Afectados, Elena Fuentes, se mostró "muy satisfecha de cómo se está desarrollando todo el caso", además de expresar su convencimiento de que el suyo es un caso "ganador".