El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), ha asegurado este martes que los socialistas han dejado tras su paso por el gobierno en la Institución Provincial una "herencia envenenada", ya que en la actualidad "la Junta de Andalucía adeuda diez millones de euros, mientras que el Gobierno debe 23 millones", según ha explicado Loaiza durante un balance de los cien días de gobierno del PP al frente de esta institución.

Además, tal y como ha subrayado en la rueda de prensa, la "mala política" del Gobierno Central y la "negativa de la crisis de Zapatero y Rubalcaba", conlleva que la Diputación tenga que devolver al Estado 14 millones de euros de su Participación de los Ingresos del Estado (PIE) de 2008, así como 44 millones de la liquidación de la PIE de 2009.

Asimismo, según ha añadido, la deuda de Tesorería "a corto plazo" asciende a 25 millones de euros, la deuda bancaria sobrepasa los 205 millones de euros, mientras que la deuda "sin reconocer" de la Diputación es de 650.000 euros. Esto se une a la deuda contraída con los organismos autónomos que, según el popular, "todavía no esta cerrada a estas alturas, porque aún estamos recibiendo muchas facturas que están aún sin reconocer y ni siquiera sabíamos que existían".

Así las cosas, y dado que el presupuesto anual de la Diputación es de 316 millones de euros, Loaiza ha asegurado que esta administración provincial "tendrá déficit a final de año, a pesar de todos los recortes y esfuerzos que se están haciendo".

Más transparente y sin garajes alquilados

"Estamos haciendo una Diputación más transparente y más austera". Así ha resumido José Loaiza los cien días de gobierno popular al frente de una institución que ha sido reorganizada políticamente para que cueste "250.000 euros menos al año", al haber reducido sueldos, áreas y la aportación a los grupos políticos.

Además, Loaiza ha destacado que, entre otras cosas, se ha reorganizado el parque móvil, ya que ahora "no hay un coche para cada diputado ni tenemos garajes alquilados por ahí". A preguntas de los periodistas, ha matizado que existían garajes alquilados en localidades como El Bosque, Vejer de la Frontera o Sanlúcar de Barrameda "donde dormían los coches de los diputados para recogerlos por las mañanas y éste era un gasto corriente que salía de la Diputación".

Por otro lado, ha reiterado que la entidad que preside es la "única" administración "hoy día" que puede garantizar la liquidez de los ayuntamientos a través del servicio de recaudación, explicando que los 43 ayuntamientos de la provincia "tienen abierta ahora la puerta de los bancos, sin que hayamos cambiado el trato que se les da sean del color político que sean". Además, según ha subrayado, el pago a proveedores "se está realizando a 90 días, mientras que otras lo hacen a dos años".

Además, Loaiza ha asegurado que la Diputación podrá ofrecer más servicios a los pequeños municipios "porque vamos a optimizarlos", añadiendo que están trabajando en nuevas ordenanzas para la asistencia jurídica a estos municipios "que no existen en esta casa". "Hemos llevado en cien días a lo que marca la ley, a la coordinación, cooperación y asistencia municipal a pequeños municipios", ha resumido el popular.

Por ello, ha aseverado que no mantendrán los programas del PSOE, "porque nos han llevado a 175.000 parados en esta provincia", añadiendo que la política de este equipo de gobierno de Diputación "irá por otro lado y variaremos los programas" ya que están ultimando, entre otros asuntos, un plan de apoyo para autónomos con una dotación económica de seis millones de euros y un plan de turismo para la etapa 2012-2016.

Casa de acogida de puerto real

Por otro lado, José Loaiza ha pedido a la Junta de Andalucía que no resuelva el convenio de la Casa de Acogida para niños de familias desestructuradas de Puerto Real, un convenio de colaboración que, según ha explicado, es competencia de la Administración Autonómica "aunque la Diputación asume el 85 por ciento de su coste, de los tres millones que cuesta su funcionamiento".

En este sentido, ha asegurado que la Junta quiere finalizar el convenio en diciembre, por lo que han solicitado que esa resolución de convenio se haga en julio "porque pensamos en los niños, y no en peleas políticas".