Esquerra Unida Baleares llama a la movilización ciudadana para proteger el territorio de las Islas y a "incluir este tema en la agenda de la indignación ciudadana".

Así se ha pronunciado este martes mediante un comunicado ante los planes del Govern balear de derogar el Decreto Ley 1/2007 y la ley 4/2008 que, en su opinión, "suponen el mayor ataque sufrido en el territorio de Baleares desde el inicio del Estado autonómico". De este modo, han señalado que la derogación de la 'Ley de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible' sería un paso atrás sin precedentes desde el 1983.

Con todo, EU señala que, si bien es cierto que "durante estos 28 años el PP ha mantenido una posición reticente a las medidas proteccionistas y que se han impulsado proyectos privados e infraestructuras públicas muy lesivas para el territorio", nunca se ha producido "el hecho de llevar al Parlament la desprotección de 1.500 hectáreas y 14 espacios protegidos de Mallorca y Ibiza, algunos de tanta sensibilidad medioambiental como Ses Fontanelles, Cala Carbó, Cala Blanca o Ses Feixes, por citar algunos ejemplos".

Según ha señalado la formación de izquierdas, las razones aducidas por el Govern "no tienen ningún tipo de consistencia", puesto que "no es cierto que estas recalificaciones hayan de suponer ningún incentivo a la actividad económica, ya que ninguna promotora se meterá en inversiones importantes hasta que no se aclare el panorama económico".

Asimismo, señalan que "tampoco es cierto que haya ningún problema significativo relativo a posibles responsabilidades patrimoniales". En este sentido, argumentan desde EU que las reclamaciones económicas de los promotores "están absolutamente hinchadas porque, puesta la reclamación, subir la cuantía es gratis pero cualquier técnico sabe que no se admite el lucro cesante en materia urbanística y que las indemnizaciones de los promotores no van más allá de los gastos que puedan justificar en la tramitación de los expedientes administrativos".

Es por ello, que apuntan que "la maniobra del PP no tiene otro objetivo que favorecer los intereses económicos de los promotores urbanísticos a medio y largo plazo y supone la subordinación del poder político y de la riqueza natural de nuestras islas, a los intereses económicos particulares".

"Para EU, esto obliga, sin ningún tipo de duda, a incluir en la agenda de la indignación ciudadana los problemas de carácter territorial", concluye la nota.