La Audiencia Provincial de Palma juzgará de nuevo este martes y miércoles al ex jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, quien se sentará en el banquillo junto a la ex concejal de UM en el municipio mallorquín, Maria Porcel, un arquitecto recién contratado por el equipo de gobierno del PP en Sóller, Joaquín Ozonas, el ex asesor jurídico Jacobo Rodríguez Miranda y el ex celador Jaime Gibert por permitir la construcción de un chalet unifamiliar en terreno protegido.

Los cinco acusados serán enjuiciados en el marco de la pieza número 4 del caso Andratx por un presunto delito contra la ordenación del territorio, otro de falsedad en documento oficial y un último de prevaricación urbanística. Se da la circunstancia de que el mismo tribunal que les juzgará, el de la Sección Segunda, fue la que recientemente condenó mediante una dura sentencia a Rodríguez Miranda y a otros tres acusados dentro de otro fleco de esta compleja causa de corrupción urbanística, en la que fue absuelto Massot.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía reclama por las anteriores infracciones penales seis años y medio de prisión para Massot, quien actualmente cumple condena en la cárcel de Palma por otras dos piezas del caso Andratx, mientras que solicita tres años y cuatro meses de prisión para Porcel, propietaria del terreno donde se construyó la vivienda de forma ilegal; tres años y diez meses para Ozonas; seis meses para Rodríguez Miranda y dos años para Gibert.

La acusación pública relata cómo Porcel, quien el pasado mes de mayo concurrió a las elecciones municipales como candidata por Coalició per les Illes (CxI) mientras que anteriormente lo había hecho por UM, realizó cuantos actos fueran necesarios para obtener una licencia que amparase la construcción de un chalet de nueva planta a pesar de que en su parcela únicamente quedaban fragmentos de unos muros en ruinas sin techo ni cubierta, por lo que no existía vivienda alguna que pudiera reformarse. OZONAS,

Nombrado para controlar licencias de obra menor

Así las cosas, tras suscribir un contrato de opción de compra de su finca en julio de 2001, la ex regidora 'uemita' encargó a un arquitecto de su confianza la redacción de un proyecto que posibilitara obtener la licencia de construcción, lo que recayó en manos de Ozonas, quien recientemente fue nombrado por el equipo de gobierno liderado por Carlos Simarro en Sóller para gestionar y controlar la concesión de licencias de obra menor. El acusado, según la Fiscalía, simuló que existía una vivienda antigua en el terreno a fin de dar apariencia de legalidad a la construcción del chalet.

El Ministerio Público señala que Massot informó favorablemente la licencia en febrero de 2002 a sabiendas de que se trataba de una autorización contraria a derecho, mientras que Rodríguez Miranda, condenado en la pieza 9 a una multa de 7.200 euros y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, emitió su informe jurídico dos días después, para finalmente ser aprobada la licencia un día después en comisión de gobierno.

El escrito del fiscal Juan Carrau narra cómo Ozonas dirigió la construcción presuntamente ilegal del chalet mientras que Gibert emitió en abril de 2005 un informe en el que hacía constar que las obras se habían ejecutado conforme a las licencias otorgadas, a sabiendas de que ello no era cierto. "Las obras no se ajustaban en absoluto a lo solicitado", asevera el fiscal al recordar que en la parcela no existía vivienda alguna, todo lo construido fue obra nueva e incluso tampoco la ubicación de la construcción se correspondía con la que había sido autorizada.