La Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas (FAAP), en asamblea, ha acordado por unanimidad apoyar, asumir y respaldar "en su totalidad" las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) sobre el comportamiento de los medios de comunicación y de los periodistas en la cobertura informativa del juicio que se celebra en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla por la desaparición y el presunto asesinato de Marta del Castillo, según informa la organización en un comunicado.

En estas recomendaciones, la autoridad reguladora recuerda, entre otras cuestiones, que la información "es un derecho, no un espectáculo ni un instrumento al servicio del entretenimiento".

Atendiendo en todo momento a esta "premisa básica", el CAA ha estimado necesaria la elaboración de unas recomendaciones para los profesionales de los medios de comunicación ante el "bochornoso" e "inadecuado" tratamiento que en su día se dio por parte de algunas televisiones a este suceso trágico, tal y como demostraron los dos informes que en 2009 remitió el CAA a la Fiscalía, y que motivaron condenas judiciales contra los medios que vulneraron los derechos fundamentales de varios menores de edad implicados en el caso.

Se da la circunstancia, además, de que la Audiencia Provincial de Sevilla prevé garantizar el acceso sin restricciones de todos los medios de comunicación para que puedan desempeñar la trascendental función que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico. De manera que se permitirá grabar y difundir tanto las imágenes como los interrogatorios de los cuatro acusados, de los 14 peritos y de los 89 testigos que prestarán declaración a lo largo de las 20 sesiones previstas.

Sin embargo, tal y como señala la presidenta del CAA, esta "conquista de la transparencia", no puede servir para que el proceso judicial se convierta en un "espectáculo". Por ello, y ante los precedentes que rodean el tratamiento mediático de este caso, el Audiovisual recomienda a los medios de comunicación que se abstengan de tratar el juicio en los programas de entretenimiento y evitar que se confunda al espectador —mediante la manipulación de la imagen o del lenguaje— predisponiéndolo a favor o en contra de las partes que intervienen en la vista pública.

El CAA recuerda pues que la información debe ser plural, rigurosa y contrastada y que los medios no deben incentivar juicios paralelos que usurpen la función del tribunal. Este objetivo, señala, "se logra con un respeto escrupuloso de las normas éticas en la obtención, tratamiento y difusión ponderada de información". En este sentido, se destaca que la opinión, los juicios de valor, los rumores o conjeturas no pueden presentarse como información.

Ante la naturaleza de los delitos que se someterán a juicio, como es el delito contra la libertad sexual de una persona, el CAA destaca que los medios deben "priorizar la garantía de los derechos al honor, la intimidad y la dignidad de la víctima". "Unos derechos que pueden verse conculcados si se difunden aspectos de la vida privada de la víctima que puedan surgir de las declaraciones realizadas en la vista oral", explica.

El CAA también advierte de que los medios también están obligados a preservar el derecho al honor, la intimidad y la dignidad de los testigos y que, por tanto, "no es necesario ni relevante" para la información que los medios expongan reiteradamente a la opinión pública imágenes o testimonios que carecen de valor informativo con el único fin de añadir dramatismo a unos hechos que son ya en sí mismos dramáticos.

Otra de las advertencias contenidas en estas recomendaciones se refiere a los menores que puedan intervenir como testigos. El Consejo llama la atención sobre el contenido del artículo 7 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, en el que se prohíbe la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan identificar a menores en el contexto de hechos delictivos. La infracción de esta norma está tipificada como muy grave y es sancionable con multas de hasta un millón de euros.

El Consejo destaca, asimismo, la obligación de los medios a respetar la presunción de inocencia, por lo que no podrán tratar como culpable a una persona antes de que su culpabilidad haya sido declarada judicialmente ni tampoco deben contribuir a criminalizar a sus familiares y allegados. Tampoco deben emitirse escenas que fomenten el linchamiento social de los acusados o la alteración del orden público.

Finalmente, ante la relevancia mediática que tendrá la vista pública, el CAA recuerda que los medios de comunicación tienen el deber de ejercer y tratar con responsabilidad las libertades y medios que ha garantizado la Audiencia de Sevilla para asegurar el derecho a la información de los periodistas y la ciudadanía. Este derecho podría verse restringido si los medios no preservaran otros valores constitucionales, como el desarrollo del juicio con todas las garantías o los derechos fundamentales de todas las personas implicadas en el proceso, incluida la víctima y su familia, los acusados, testigos y peritos que prestarán declaración