La Fiscalía Anticorrupción y la defensa del empresario Ismael Pérez Peña, acusado en el caso 'Malaya', han llegado a un acuerdo de conformidad por el que el procesado reconoce que "efectuó un pago" de 180.100 euros, que le fue "requerido" por el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y la exalcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe. Con este pago pretendía que el Ayuntamiento marbellí "le abonara con preferencia respecto a otros acreedores una deuda de más de un millón y medio de euros".

Este acuerdo, hecho público este lunes en la primera sesión del último bloque del juicio, supone para Pérez Peña la reducción de la pena pedida inicialmente por el fiscal, pasando de 11 años de cárcel a dos años y tres meses, "a sustituir" por multa, por delitos de cohecho activo, alteración del precio en concursos, malversación y falsedad documental. Además, se ha retirado la acusación de falsedad a su hijo y se ha llegado a un acuerdo similar con el acusado Carmelo Armenta.

En el documento del acuerdo, leído en la sala, se recoge que dicho pago de 180.100 euros se realizó en septiembre de 2005, "según consta" en uno de los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a la contabilidad de Roca. Además de ese dinero, el empresario, que proporcionaba mediante contratos de renting los vehículos de uso municipal, "regaló" con el mismo fin tres coches a Yagüe, uno de ellos matriculado a su nombre, otro que regaló a su pareja sentimental y un tercero para su hijo.

La adquisición de estos tres vehículos fue efectuada por el exedil Victoriano Rodríguez, que estuvo procesado pero ha fallecido, "abonándolos en efectivo con el dinero que le suministró Ismael Pérez Peña", según consta en el acuerdo, en el que se apunta que el empresario también puso a disposición de la entonces alcaldesa en régimen de renting otro coche sin que ésta hiciera pago alguno como contraprestación. La alcaldesa ha negado que el empresario le regalara vehículo alguno.

En este sentido, Yagüe ha declarado que Pérez Peña era amigo del que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil y que ella sabía que se le debía dinero "de los años atrás", pero ha indicado que "casi no lo conocía" y no tenía contacto con él. "No me tenía que regalar nada él a mí", ha aseverado, añadiendo: "regalarme ¿por qué? No creo que la gente vaya regalando coches por las buenas".

Yagüe ha explicado la compra de uno de los coches para su hijo y las gestiones que hizo con el exconcejal fallecido, entonces edil de Tráfico, quien le dijo que podía conseguirlo "más barato", por eso le dio dinero. Ha asegurado que en la primera declaración, cuando fue detenida, ya declaró lo mismo y "no muevo ni un punto ni una coma, porque era y sigue siendo la verdad".

Contarlo a los medios

El acuerdo recoge también que ante la falta de pago por parte del Ayuntamiento, el empresario, "como medio de presión", anunció a los responsables municipales su intención de acudir a los medios de comunicación y denunciar ciertos hechos, entre ellos el asunto de "los coches de la alcaldesa", lo que generó "gran preocupación" entre los miembros de la Corporación, por lo que trataron de solventar la deuda.

En esas negociaciones, dice el documento, tuvieron un "papel destacado" la exalcaldesa, Roca y exediles acusados como la exsocialista Isabel García Marcos o José Jaén, e incluso el entonces secretario municipal, Leopoldo Barrantes. Una de las opciones era adjudicar al empresario la concesión del servicio de grúa y, según el escrito, la alcaldesa se prestó a modificar la ordenanza reguladora, negociaciones que encargó a la exedil Isabel García Marcos.

Al respecto, Yagüe ha explicado que "jamás" le dijo a García Marcos que cambiara las ordenanzas: "hasta ahí podíamos llegar", sino que "había que cambiarlas" porque el precio que contemplaba era "poco" para Marbella, apuntando que "se preguntó a otras ciudades". Finalmente, indica el escrito de conformidad, las condiciones supuestamente pactadas "no llegaron a plasmarse" en una nueva ordenanza ni ninguna empresa de Pérez Peña llegó a resultar finalmente adjudicataria de la concesión.

Ha señalado que la "inquietud" que había en el Ayuntamiento "no era por los coches míos", sino porque "él retirara los coches de la Policía Local, que era un problemón". "Lo que quería el señor Pérez Peña era que yo le pagara una deuda que tenía de muchísimo tiempo antes y que yo no se la podía pagar. Si la hubiera tenido que pagar porque el interventor hubiera dicho que sí, hubiera sido con informes favorables de los técnicos, como he hecho siempre, y se hubiera hecho un plan de pago, aunque no había dinero", ha indicado.

"De lo que había anterior, no me podía asustar nadie, yo siempre he dicho y sigo diciendo que tenía mi conciencia muy tranquila, que he hecho siempre todo con la ley en la mano, no me iba a asustar porque dijera algo de los vehículos de la alcaldesa", ha manifestado, al tiempo que ha aseverado que tampoco tuvo miedo "cuando tuve que echar del gobierno municipal a Carlos Fernández", exedil del PA que formó parte del Ejecutivo local y que está fugado.

Yagüe ha asegurado que Fernández es para ella "el artífice de todo, que calienta motores porque se le echa". "Carlos Fernández hablaría lo que fuera y aquí estamos todos por culpa de Carlos Fernández, eso lo tengo claro, por la venganza, con muchas mentiras e infamias, de hecho, mira cómo no lo han encontrado", ha precisado.

En la sesión se han reproducido varias conversaciones intervenidas durante la investigación, entre Yagüe y Roca y otras en las que intervino el empresario Pérez Peña, quien no ha respondido a preguntas de las partes, tan sólo ha admitido haber mantenido las conversaciones reproducidas.

El rolls royce

En el acuerdo de conformidad se apunta que Yagüe para "contentarlo" permitió que el empresario usara un Rolls Royce de 1992 de propiedad municipal, pero cuando se conoce que el procesado Carlos Fernández "pretendía destapar" este tema, dice el escrito, se lo comunican al entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, también acusado, que manda a un agente a recuperar el coche.

En este sentido, Yagüe ha dicho que se enteró "a posteriori" de que lo tenía Pérez Peña y que tan sólo supo que se llevó a Madrid para arreglarlo. Por su parte, Del Pozo, que también ha declarado este lunes, ha hablado de que supo de la situación de enfado de Pérez Peña y se lo comunicó a Roca porque Yagüe "no estaba pasando una buena situación". Respecto a unas armas intervenidas, por lo que está acusado, ha indicado que eran de familiares de Gil y que nunca les dio uso.

Por último, el escrito alude a un encuentro entre Roca y Pérez Peña en un hotel de Madrid en el que el primero le pidió al segundo un préstamo de tres millones de euros. Finalmente, dijo que sólo disponía de dos millones y se quedó en Getafe para la entrega del dinero, que fue intervenido por la Policía. Ante esto, acordaron elaborar "un supuesto contrato" de compraventa de tres chalés.