El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, ha explicado que la auditoria realizada por la Intervención General sobre la situación económico-financiera del sector público de la Comunidad autónoma concluye, respecto a la Corporación Pública Empresarial de Aragón, que algunas de sus sociedades "deberían liquidarse casi inmediatamente" y "otras reestructurarse".

En relación con estas últimas, Garcés ha apuntado en rueda de prensa que la auditoria considera que hay sociedades con "sobredimensionamiento" y también "alerta" de la existencia de sociedades que, sin estructura administrativa, "actúan como órgano de decisión política y tienen difícil justificación técnica".

En total, el Gobierno de Aragón está presente en 37 empresas públicas y participa en 65 empresas privadas —102 compañías en total—. De las empresas en las que la Comunidad autónoma posee más del 50 por ciento de las acciones, únicamente siete presentan ganancias.

Garcés ha mencionado expresamente a las empresas dedicadas al sector inmobiliario, "donde se concentran las mayores cuotas de endeudamiento", siendo la cuota de endeudamiento de Zaragoza Alta Velocidad de 485 millones de euros; la de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) de 113 millones y de la Expo Zaragoza Empresarial de 132 millones de euros.

Al respecto, la auditoria señala que al tratarse del sector al que con mayor incidencia está afectando la crisis económica actual es de prever las dificultades que puedan tener tales empresas para atender sus compromisos.

El consejero ha anunciado que ya posee la "planta definitiva" para reestructurar la Corporación Empresarial Pública, si bien ha manifestado que el resultado está siendo analizado por los diferentes consejeros del Gobierno de Aragón y en "unos días o en una semana o dos se hará público".

Medidas más contundentes

Mario Garcés no ha querido adelantar nada al respecto, pero ha indicado que no está dispuesto a "sostener artificialmente" a algunas entidades, mientras que en el caso de otras ha indicado que por su relevancia no se puede suprimir en un primer momento, pero no descarta "tomar medidas más contundentes", dentro de dos o tres años, según la situación económica, su utilidad y su rentabilidad económica y social.

Asimismo, ha dicho que pretenden tomar medidas para "crear estímulos" y que "se reconduzca" a estas empresas a la "senda del equilibrio económico".

La auditoria revela que, en conjunto, a finales de 2010 existía una deuda a pagar por las empresas públicas de 610 millones de euros, de los cuales 207 corresponden a deudas a largo plazo, y que de 2008 a 2010 se ha multiplicado por seis la deuda a largo plazo que tienen contraída las empresas públicas con entidades financieras.

Cartas de compromiso

El consejero también ha anunciado su intención de "desterrar" la costumbre del Ejecutivo anterior de emitir cartas de compromiso por parte de la Corporación Empresarial Pública de Aragón y por el propio Gobierno de Aragón —concretamente por el anterior consejero de Economía— sin haber sido aprobadas previamente en Consejo de Gobierno.

Garcés ha recordado que una carta de compromiso es una declaración formal que compromete al Gobierno de Aragón a responder en el futuro de las obligaciones de las empresas públicas sobre las que recaiga esa carta, y según la legislación esos documentos "se constituyen por el Gobierno de Aragón y no individualmente".

En este sentido, ha precisado que se va a modificar el régimen jurídico a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad autónoma para "que tengan el respaldo suficiente del Consejo de Gobierno" y así "regularizar la posición" de "alto riesgo" creada por esta situación.

Garcés ha precisado que se habían suscrito cartas de compromiso por valor de 400 millones de euros y de estos 200 millones estaban sujetos a un compromiso "fuerte", es decir, que suponen poner como aval el conjunto de bienes y derechos de la Comunidad autónoma.

Inversiones inmobiliarias

La auditoria recoge que al cierre del ejercicio 2010 había más de 476 millones de euros de activos en forma de terrenos, solares y edificios construidos. De ellos, 190,3 estaban afectados por una promesa de hipoteca para garantizar un préstamo sindicado de 111,5 millones de euros.

El informe también ha detectado, en general, unas insuficientes correcciones valorativas por deterioros de los inmuebles de forma que si se valoraran los edificios teniendo en cuenta el valor real, la valoración contable diferiría "notablemente" de la actual.

Por eso, el informe considera necesaria una reflexión sobre la necesidad, utilidad y oportunidad de que coexistan distintas personas jurídicas en la Corporación Empresarial Pública de Aragón que por no tener una clara diferenciación resultan similares y dice que el entramado empresarial de participaciones directas e indirectas en varios niveles afecta a la transparencia y eficacia, además de que no todos los entes cumplen con su obligación de rendir cuentas.

Las de mayor riesgo actual

La auditoria ha analizado en profundidad las empresas que pueden representar un mayor riesgo para el Gobierno de Aragón, que son Plaza; la Plataforma Logística de Huesca; Plaza Desarrollos Logísticos; Suelo y Vivienda de Aragón; Expo Zaragoza Empresarial; Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas; Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón; Avalia Aragón y Aramón Montañas de Aragón.

El mayor déficit se concentra en las empresas del sector inmobiliario, "que presentan una situación delicada", pudiéndose considerar la "viabilidad" de alguna de ellas, según la Intervención General.

Como argumentos, aporta que su actividad es a la baja, manteniéndose en algunos casos a través de encargos de la Administración, "lo que lleva a considerar su posible carácter actual de mera instrumental", mientras que sus gastos de gestión son altos, "habida cuenta de la falta de plantilla en la mayoría de los casos, lo que implica la externalización de su gestión".

Además, en los tres últimos años "sus necesidades de financiación han hecho duplicarse o triplicarse el capital social con las aportaciones del Gobierno de Aragón, sin que el valor intrínseco de las mismas haya cambiado" y el ritmo de los ingresos es negativo e incluso algunas de ellas prevén actividad cero en el próximo ejercicio, "lo que les obligará a depender exclusivamente de las aportaciones del Gobierno de Aragón".

En materia de fundaciones y consorcios, el informe expone que 13 consorcios y 17 fundaciones no rindieran sus cuentas en el ejercicio 2010, como era su obligación. Además, el crecimiento de este sector "recomienda su estudio individualizado para garantizar su viabilidad".

CARTV

La auditoria refleja respecto a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) que tanto la televisión como la radio autonómicas presentan regularmente resultados negativos. Las pérdidas acumuladas a lo largo de los últimos seis ejercicios ascienden a 264 millones de euros.

En 2005, eran de 1,5 millones de euros y el ejercicio que mayor pérdida presenta es el de 2008, con 66,5 millones de euros. Respecto a los ingresos previstos para 2011, los consideran "claramente insuficientes para afrontar el gasto", a pesar de que hay reducciones respecto al ejercicio anterior (en publicidad, por ejemplo, de un 20 por ciento). A cierre de 2010, las deudas con terceros acreedores y proveedores se sitúan en 23,2 millones de euros.

El consejero ha sostenido al respecto que es "intocable" y "nadie cuestiona" la existencia de la CARTV y por eso ha dicho que los trabajadores deben estar "tranquilos", pero ha añadido que "tendrá que tomar medidas para contener el gasto y su actividad".