Unidad Regionalista de Castilla y León ha presentado listas electorales al Congreso de los Diputados y el Senado en las provincias de Palencia y Valladolid pese al "obstáculo" añadido de la normativa que obliga a presentar una cantidad de avales equivalente al 0,1 por ciento del censo electoral de la circunscripción.

Según han informado fuentes del partido en un comunicado recogido por Europa Press, las listas están formadas íntegramente por militantes y cargos del partido propuestos por el Comité Electoral y posteriormente aprobadas las listas por el Comité Ejecutivo Regional.

En Valladolid, la candidatura al Congreso de los Diputados la encabeza el secretario general de la formación, Albano de Manuel Betegón; que estará acompañado por el presidente de la Agrupación de Tordesillas, José María Sigüenza Puertas, Ana María Sobas Gonzalo, Emiliano Reca Sotillo y Lorena Moratinos Delgado.

La lista al Senado por Valladolid la encabeza el presidente regional de URCL, José Ignacio Moratinos Delgado, y siguen como número dos María Lourdes García Cela y como número tres el miembro de la Ejecutiva regional Marcelino Gonzalo Piedrahita.

En Palencia, la candidatura al Congreso de los Diputados la encabeza la secretaria provincial, María de los Ángeles Martín Seneque, junto con el alcalde de Cevico de la Torre, José María Rodríguez Calzada; Daniel García Baquerín, Carlos Salvador García y Concepción Morán Puertas.

Al Senado concurren por Palencia José Félix Guerra Acosta acompañado por el presidente provincial de URCL en Palencia, José Luis García Cancio; y la vocal de la Junta Vecinal de Membrillar Felisa Campo Tejedor.

Junto con las candidaturas, URCL presentó las correspondientes hojas de firmas exigidas con motivo de la última reforma de la normativa electoral, exigencia que según la opinión del comunicado recogido por Europa Press "favorece únicamente a los grandes partidos que además, son los impulsores de dicha reforma, y perjudica a los partidos más pequeños".

Por ello, la consideran una exigencia "injusta" que "atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española al ser únicamente los partidos sin representación nacional los que están obligados a recoger firmas", el 0,10 por ciento del censo electoral en cada provincia por la que quieran presentar candidaturas.