Verger advierte que denunciará cualquier sanción contra los funcionarios por incumplir la instrucción sobre el catalán

El portavoz del PSM-IV-ExM, Antoni Verger, ha advertido que su coalición denunciará y recurrirá cualquier sanción que el Ayuntamiento de Palma derive contra los funcionarios por incumplir la instrucción sobre el catalán, que la coalición considera "claramente ilegal".

El portavoz del PSM-IV-ExM, Antoni Verger, ha advertido que su coalición denunciará y recurrirá cualquier sanción que el Ayuntamiento de Palma derive contra los funcionarios por incumplir la instrucción sobre el catalán, que la coalición considera "claramente ilegal".

"Apoyaremos y defenderemos jurídicamente a todos los funcionarios que se puedan ver sancionados por el simple hecho de cumplir la ley", ha remarcado Verger, quien ha incidido en que recurrirán administrativamente y judicialmente, si es necesario, cualquier acto de aplicación de la instrucción de la que tengan conocimiento que "se hayan vulnerado los derechos de los funcionarios o de los ciudadanos".

En un comunicado, el PSM-IV-ExM ha considerado que el equipo de gobierno de Cort "ejerce su autoridad" sobre los funcionarios "vulnerando" el Reglamento municipal y la Ley de normalización lingüística. Este hecho, según la coalición, supone una violación de los derechos de los trabajadores "que ven como el PP de Mateu Isern pretende ejercer la autoridad jerárquica, e incluso los amenaza con sanciones, obligándolos a redactar documentos en castellano cuando según la legislación vigente se deberían redactar en catalán".

El grupo municipal ha recordado que el pasado mes de julio Isern emitió una instrucción sobre el uso de la lengua en el ejercicio de las funciones de los trabajadores públicos "que va en contra del Reglamento de Normalización Lingüística" del ayuntamiento.

Según ha indicado Verger, de acuerdo con lo que se establece en la instrucción, basta que un ciudadano presente una solicitud con cuatro palabras en castellano para que todos los documentos administrativos, informes, tramitaciones del expediente se tengan que hacer en castellano, aunque el ciudadano no lo haya pedido.

Esto, para la coalición, representa una "vulneración grave" de toda la normativa lingüística de la comunidad, que se aprobó por unanimidad entre todos los grupos políticos, y "arrincona" la lengua propia de las islas.

En este sentido, han reprochado las "políticas antimallorquinas" del equipo de gobierno de Isern y ha anunciado que "no descansará hasta que se reconozca que se está vulnerando la normativa vigente y los derechos lingüísticos de los funcionarios y de los ciudadanos".

Además, la coalición ha destacado que esta instrucción no ha sido publicada en el BOIB y, por tanto, se puede considerar que no se ha ejercido la obligación de hacerla pública de manera oficial.

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