PP-A pide que el Parlamento rechace la "política antimunicipalista" del Gobierno y reclame aplazar liquidaciones de PIE

El Partido Popular quiere que el Parlamento andaluz exprese su rechazo a la "política antimunicipalista" del Gobierno de la Nación e inste a la Junta a reclamar al Ejecutivo central que acuerde el "aplazamiento inmediato a diez años" de las liquidaciones definitivas de la participación en los ingresos del Estado (PIE) de los ayuntamientos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

El Partido Popular quiere que el Parlamento andaluz exprese su rechazo a la "política antimunicipalista" del Gobierno de la Nación e inste a la Junta a reclamar al Ejecutivo central que acuerde el "aplazamiento inmediato a diez años" de las liquidaciones definitivas de la participación en los ingresos del Estado (PIE) de los ayuntamientos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

Así lo plantea una proposición no de Ley registrada por el Grupo Popular para su debate en el Pleno de la Cámara autonómica, en la que también reclama "medidas extraordinarias y transitorias para garantizar que las entidades locales puedan hacer frente a las obligaciones contraídas y seguir prestando servicios básicos" y subraya que el aplazamiento de las liquidaciones de la PIE "no implica incremento alguno de la deuda pública y supondría un alivio financiero para los ayuntamientos andaluces, junto con unas menores necesidades de financiación de las entidades locales".

En la iniciativa, que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento y a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A critica que "el Gobierno de la Nación, en una muestra más de su política antimunicipalista, ha dado un golpe definitivo a las maltrechas haciendas locales con la liquidación de la PIE correspondiente a los años 2008 y 2009, que supone para los ayuntamientos una descomunal hipoteca imposible de asumir y derivada de la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo central y de sus erróneas decisiones".

Según los populares, "el Gobierno de España ha acrecentado la falta de liquidez de las cuentas de las entidades locales, ya que una parte de su deuda consiste en la devolución por parte de estas administraciones de parte de las entregas a cuenta que en 2008 y 2009 les otorgó el Estado, un problema creado por las pésimas previsiones económicas financieras y presupuestarias del Gobierno de Rodríguez Zapatero, en su afán de negar la gravedad de la crisis y hacer previsiones engañosas".

"horizonte financiero dramático"

En este sentido, el PP pone de manifiesto que "las corporaciones locales de España tienen que devolver al Estado nada menos que 1.514 millones de euros correspondientes a la liquidación del ejercicio 2008 y 4.609 millones del ejercicio 2009, lo que viene a configurar sin duda un horizonte financiero dramático para los consistorios".

"Los ayuntamientos andaluces se ven obligados ahora a iniciar el proceso de elaboración del presupuesto del año 2012 partiendo de esa obligación de reintegrar a las arcas del Estado millonarias cantidades, lo que sin duda perjudica gravemente el principio de estabilidad presupuestaria de las corporaciones", lamentan los 'populares', que subrayan que "la situación se ve agravada por la inevitable prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011, derivada del adelanto electoral, y la consecuente ausencia de incremento de la PIE de las corporaciones locales".

A su juicio, esta "suma de errores, previsiones ficticias y actuaciones arbitrarias deriva en una reclamación de devolución que deja a las corporaciones locales andaluzas en una situación de enormes desajustes presupuestarios y de gran incertidumbre, pues limita las posibilidades de atención a los servicios públicos municipales y condiciona gravemente la planificación de las inversiones programadas".

Críticas a la "habitual sumisión" de la junta

A este respecto, el PP-A critica que "esta actuación ha contado con la complicidad de la Junta que, con la habitual sumisión ante los agravios del Gobierno de la Nación y las decisiones contrarias al interés general de la comunidad, ha vuelto a actuar de espaldas a los ayuntamientos y, por ende, a los andaluces".

"El Gobierno de la Nación ha incurrido tanto en deslealtad institucional, como en una grave falta de ética pública —que exige que la buena administración de los asuntos públicos debe estar guiada por el interés general, y sustentada en los principios de objetividad, transparencia y ejemplaridad—, con consecuencias que afectan a los ciudadanos, pues verían peligrar la prestación de los servicios municipales", concluye la iniciativa del Grupo Popular.

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