Unas 7.000 personas, en su mayoría extranjeras, han sido detenidas y encarceladas por el Consejo Nacional de Transición (CNT) libio desde el inicio del conflicto para derrocar al dictador Muamar el Gadafi.

Así lo ha anunciado la jefe de Leyes, Igualdad y No Discriminación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Mona Risjmawi.

Mona Rishmawi, que visitó las ciudades libias de Trípoli, Bengasi y Misrata para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, considera "urgente" que se proceda a la identificación de todos los detenidos para diferenciar entre inmigrantes y mercenarios.

Estima además que debe llevarse a cabo en cada caso un proceso judicial adecuado que cumpla con lo establecido en la ley internacional.

Desde hace meses, varias agencias humanitarias sobre el terreno denuncian arrestos arbitrarios de inmigrantes subsaharianos, especialmente de países como Chad, Níger o Nigeria, sospechosos de ser mercenarios a las órdenes del depuesto Muamar al Gadafi.

"La mayoría de estos detenidos fueron capturados en el campo de batalla, pero eso no significa necesariamente que sean mercenarios", ha señalado Rishmawi, quien ve como un "peligroso error" la tendencia de las autoridades del CNT a asumir que todo extranjero es mercenario.

La responsable de la misión ha dicho que tiene constancia de que las fuerzas de Gadafi contrataron durante el conflicto armado agencias privadas de seguridad, radicadas "en países de diferentes continentes".

"No puedo aventurarme a dar nacionalidades, pero los mercenarios contratados por Gadafi no procedían solamente del África subsahariana, sino también de otros lugares, como Europa del Este o Latinoamérica, y entre ellos también había mujeres", ha precisado.

Ha expresado también su preocupación por el trato que están recibiendo los arrestados y ha señalado que, aunque no tienen evidencias claras, en el Alto Comisionado se sospecha de que se hayan cometido torturas en los centros de detención.

Precisamente el jueves, Amnistía Internacional publicó un informe en el que acusaba a las nuevas autoridades libias de haber llevado a cabo arrestos ilegales -2.500 personas capturadas sólo en Trípoli y alrededores- y torturas a detenidos.

Rishmawi ha adelantado que una nueva misión al país permitirá al Alto Comisionado indagar más en esta cuestión, así como investigar supuestos casos de abusos sexuales y violaciones a mujeres que sospechan que han podido suceder, aunque no tienen evidencias todavía porque se trata de un "tema tabú".

No obstante, ha reconocido que durante su visita al país percibió un clima generalizado de optimismo entre la población civil, que en su mayoría está convencida de que Libia "debe iniciar una nueva página en su historia con los valores de la democracia y los derechos humanos como bandera".