Aguayo destaca que los tribunales están dando "permanentemente" la razón a Junta sobre reordenación del sector público

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha destacado que los tribunales están dando "permanentemente" la razón a la Junta en lo que se refiere a la reordenación del sector público y que todos los pronunciamientos que se están conociendo sobre esta materia hablan de la "constitucionalidad" de esta medida, "avalada una y otra vez por la Justicia".
Carmen Martínez Aguayo
Carmen Martínez Aguayo
EUROPA PRESS

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha destacado que los tribunales están dando "permanentemente" la razón a la Junta en lo que se refiere a la reordenación del sector público y que todos los pronunciamientos que se están conociendo sobre esta materia hablan de la "constitucionalidad" de esta medida, "avalada una y otra vez por la Justicia".

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, a fin de informar sobre la reordenación del sector público en Andalucía, Martínez Aguayo ha hecho así referencia a la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechazó el recurso presentado por el sindicato CSIF contra el decreto ley 5/ 2010 que reformó el sector público el pasado año.

La consejera del ramo, que se ha congratulado por la sentencia a su favor, interpretándola como muestra de la "legitimidad" del decreto, ha asegurado que el tiempo irá "serenando" la conflictividad creada sobre esta materia. "Se trata de una reforma para reforzar el carácter público de lo que hacemos", ha explicado Martínez Aguayo, quien ha añadido que lo que pretende el PP es contribuir al desprestigio social de los empleados públicos, "a los que despedirán si tienen la oportunidad de gobernar en Andalucía".

De otro lado, la consejera ha destacado la actuación inspectora extraordinaria que lleva a cabo la Inspección General de Servicios en las nuevas agencias constituidas tras la reordenación del sector público andaluz, para comprobar que se reservan al personal funcionario, en exclusiva, todas aquellas funciones que implican el desempeño de potestades administrativas.

Ha explicado que la Inspección General de Servicios ha elaborado un protocolo de actuación para desarrollar la inspección en todas las agencias constituidas: la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio ambiente y el Agua de Andalucía.

Aguayo ha informado de que el equipo de inspección responsable de esta actuación ya ha requerido a las agencias la relación de procedimientos a realizar conforme a los estatutos, con indicación de su gestión centralizada o periférica; información sobre el número de expedientes por cada uno de los procedimientos, la identificación de las personas responsables de su gestión, con especificación de la relación o vínculo jurídico que mantienen con la Agencia y la unidad o departamento a que pertenecen; así como la identificación del personal directivo profesional.

Además, la consejera ha indicado que la Inspección General de Servicios está realizando visitas a las agencias para comprobar in situ la organización, los procedimientos y la participación del personal; con objeto de comprobar que las actividades que suponen ejercicio de las potestades públicas se reservan en exclusiva al personal funcionario.

Fase inicial de la actuación inspectora

"En el momento actual aún nos encontramos en una fase muy inicial de la actuación inspectora, por lo que una vez completados los trabajos, y cuando se disponga de los datos definitivos se dará cuenta a esta cámara de los resultados obtenidos", ha garantizado la consejera, quien sobre el proceso de reordenación, ha recordado que se ha concluido la fase de desarrollo normativo y el procedimiento de integración del personal, y que esta agrupación de servicios y recursos va a suponer un ahorro aproximado de 118 millones de euros, en un periodo de 3 años.

En este sentido, la titular de Hacienda ha adelantado que, y tan sólo 5 meses después de la puesta en funcionamiento de las nuevas agencias, se ha alcanzado un ahorro de 30 millones de euros. A modo de ejemplo, ha apuntado que se han suprimido 189 puestos directivos del sector público, lo que ha supuesto un ahorro directo en retribuciones de 3.290.536 euros; se han ahorrado más de 26 millones de euros gracias a la reducción de 41.000 metros cuadrados de superficie de sedes y oficinas en alquiler, lo que conlleva una disminución del gasto en alquiler, energía, seguridad, mantenimiento, limpieza, etc; y se han dado de baja más de 800 vehículos del parque móvil de la Junta de Andalucía.

Finalmente, la consejera del ramo ha concluido su intervención defendiendo la importancia de esta reordenación del sector público, con la que se ha buscado agilizar los procedimientos de la Administración y evitar trámites y desplazamientos innecesarios, y disponer de un sector público "más eficiente, transparente y accesible". PP-A

Dice que "el caos es aún más grande que en mayo"

Por su parte, el diputado del PP-A Jorge Ramos ha afirmado que "el caos es aún más grande si cabe" en estos momentos que era en mayo en lo que se refiere a la reordenación del sector público. Según ha apuntado el 'popular', en toda la Consejería de Hacienda y Administración Pública y su proceder en relación a la Administración General de la Junta y el sector externo "está todo recurrido".

Ramos, que ha dicho que ello debería llevar a que la consejera del ramo "no esté tan contenta" porque las cosas no van como pensaban, ha destacado que la Ley de Reordenación del Sector Público sigue en el Tribunal Constitucional y que hay "infinidad de recursos" contra su aplicación y contra los estatutos de las agencias, así como también recursos en Fiscalía por la "usurpación" de funciones a funcionarios.

Asimismo, el diputado del PP-A le ha pedido a Martínez Aguayo que "no diga más embustes", haciendo así relación a la sentencia dictada por el TSJA en relación a la reordenación del sector público. "Este recurso no iba referido al fondo del asunto, sino al Plan de reordenación aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno y no sobre el decretazo o la ley finalmente aprobada", ha explicado. PSOE-A

Critica que pp-A

"minusvalore" la sentencia del tsja

En su intervención en el debate, el diputado del PSOE-A José Caballos ha criticado "el esfuerzo" del PP andaluz en "minusvalorar" la sentencia dictada por el TSJA al rechazar un recurso del CSIF. Ha dicho que invita al diputado del PP-A a cenar si le dice el nombre y apellidos de uno solo de los 27.000 trabajadores afectados por esta reordenación, —funcionarios, laborales y externos—, que haya conseguido "lo que no tenía o perdido lo que se había ganado".

Caballos, que ha acusado al PP de haber montado una "bola de patrañas que han quedado en nada porque no lo pueden demostrar con ni un solo caso", ha insistido en que lo que buscaban el Gobierno andaluz no era "fastidiar" a nadie, sino "prestar un mejor servicio público al menor coste posible". Además, ha criticado que los 'populares' recurran esta reforma y no digan nada de las realizadas en las comunidades donde gobiernan "y en las que sí se han hecho funcionarios por la puerta de atrás, como es el caso de Galicia". IULV-CA:

"no se ha resuelto el fondo de la historia"

En último lugar, el diputado de IULV-CA Ignacio García, que ha asegurado que la reciente sentencia del TSJA le da "cierto oxígeno" al Gobierno andaluz en materia de reordenación del sector público andaluz, ha apuntado que este fallo "para nada zanja el problema de legalidad de la ley que tiene pendientes recursos de inconstitucionalidad". "No se ha resuelto el fondo de la historia y la calle pide otra cosa", ha añadido.

García ha señalado que la reordenación del sector público ha provocado una "ruptura profunda" con la mayoría de los funcionarios, por lo que la Junta tendrá que plantearse "si se ha elegido el camino correcto y por qué se ha fracasado". Tras hacer un recorrido por el "devenir errático" de esta reforma, ha destacado "cierto tono de satisfacción" en la intervención de Aguayo, si bien ha considerado que "no es para estarlo".

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