El Supremo revisa el 27 octubre la condena al exdiputado José Luis Del Ojo (PP) por prevaricación

El Tribunal Supremo revisará el próximo 27 de octubre la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que condenó al exdiputado del PP José Luis del Ojo a una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la adjudicación, siendo concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), de varias obras municipales prescindiendo "total y absolutamente de todo procedimiento administrativo" y siendo "perfecto conocedor" de la ilegalidad que estaba cometiendo.
Fachada del Tribunal Supremo
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EUROPA PRESS
Fachada del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo revisará el próximo 27 de octubre la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que condenó al exdiputado del PP José Luis del Ojo a una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la adjudicación, siendo concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), de varias obras municipales prescindiendo "total y absolutamente de todo procedimiento administrativo" y siendo "perfecto conocedor" de la ilegalidad que estaba cometiendo.

La Sala primera del alto tribunal, integrada por Julián Sánchez Melgar, Luciano Varela, Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmero y Alberto Jorge Barrerio, celebrará una vista pública para la revisión de la sentencia, que arrancara a las 10,30 horas. El magistrado Varela será el ponente en este asunto.

En la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada se considera probado que Del Ojo, que desempeñó el cargo de concejal de Urbanismo desde 2003 hasta octubre de 2006, aprovechó la ausencia del entonces alcalde de la localidad, Francisco Plata, para, en calidad de alcalde en funciones, contratar "verbalmente" con la empresa 'Promociones y Construcciones García Mejías' varias obras en el edificio del Ayuntamiento, una plaza y calles adyacentes en el verano de 2005.

El tribunal entendió que actuó "con ausencia total de procedimiento en cuanto a la ejecución" de los trabajos, sin informe "alguno" de la Secretaría del Ayuntamiento, del Servicio de Contratación o de Intervención y además sin consignación presupuestaria en el momento de realizarse, "eludiendo de tal forma los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación".

Además, con la "finalidad" de que las referidas obras tuvieran la consideración de menores, por ser su cuantía inferior a 30.000 euros, "logró los informes necesarios" de técnicos del Ayuntamiento para avalar su "fraccionamiento", "cuando en realidad era una sola la obra en las calles y otra la del Ayuntamiento".

En definitiva, la Audiencia consideró que "prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo en la adjudicación", siendo "perfecto conocedor" de la ilegalidad que estaba cometiendo. La Audiencia estimó que Del Ojo tomó "parte directa y voluntaria" en el delito de prevaricación y por ello lo condenó a inhabilitación para desempeñar el cargo de concejal o alcalde y el pago de la mitad de los gastos del juicio.

En aquel mismo caso, la Audiencia no vio, sin embargo, relevancia penal en el procedimiento de adjudicación de la construcción de la Casa de la Cultura de la localidad granadina a la empresa UCOP, y lo absolvió del delito relacionado con este asunto.

Para esa contratación el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de fecha 27 de abril publicó el edicto aprobando las cláusulas administrativas para su adjudicación por procedimiento abierto del proyecto y ejecución, proceso al que sólo concurrió la empresa Asfaltos y Construcciones UCOP.

"no se busca la verdad"

Tras conocerse la sentencia, en diciembre de 2010, y anunciar su recurso, Del Ojo explicó a Europa Press que se sentía "tranquilo" con vistas a un proceso que preveía "largo y tedioso". El ex parlamentario atribuyó entonces su condena al "ruido mediático" generado en torno a su persona. "Los jueces también leen los periódicos", señaló.

Durante la celebración del juicio también aseguró que lamentaba "profundamente que por una causa política y por venganzas personales ustedes —los magistrados— y el Estado español estén perdiendo tiempo y dinero". "No se busca la verdad, sino mi inhabilitación como político", apuntó entonces.

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