Los responsables de la Alianza por la Unidad de Campo, conformada por UPA y COAG en Castilla y León, han reclamado este jueves la elaboración de un documento sobre el impacto económico en la Comunidad Autónoma de la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada por el comisario, Dacian Ciolos, y han reclamado un frente común en contra de una propuesto que "se tiene que echar atrás".

Este es el principal mensaje que han realizado los responsables regionales de UPA y COAG, Julio López y Aurelio Pérez, respectivamente, respecto a la propuesta de reforma de la PAC, una propuesta "casi insultante" que, según sus palabras, supone "un ataque claro y directo" a los agricultores profesionales que cotizan en el régimen especial de la Seguridad Social y que sólo va a beneficiar "de manera descarada" a los especuladores.

Los responsables de la Alianza por la Unidad del Campo han insistido en la necesidad de elaborar un informe sobre el impacto económico de la reforma de la PAC en Castilla y León ya que, según ha argumentado, la propuesta no sólo afecta a los agricultores y a los ganaderos castellanoleoneses y a las explotaciones más productivas sino que supone "un ataque a la economía y al empleo" regional y "al conjunto de la Comunidad". "Tenemos que convencer con argumentos de que esta reforma se tiene que echar atrás", han insistido.

Aurelio Pérez ha advertido de que esa reforma supondrá la desaparición en el horizonte de 2020 de la mitad de los productores del campo que viven principalmente de su labor en la agricultura y en la ganadería en Castilla y León.

"Tenemos un año de debate por delante" para una modificación de la propuesta de reforma vía diálogo, presión y acuerdos, ha admitido Pérez, que ha lamentado no obstante que los seis primeros meses vayan a ser un periodo "perdido" ante la Presidencia de la UE por parte de Malta, con escasos intereses en la agricultura y en la ganadería, según sus palabras.

"Ya no sirven los lamentos, llega la hora del trabajo", ha considerado Julio López, que ha reclamado a España que busque un acuerdo con otros países de la UE para conformar una "minoría de bloqueo" que permita modificar la propuesta en la dirección correcta. El líder regional de UPA ha recordado asimismo que las decisiones del Parlamento Europeo son "vinculantes" por lo que ha hecho un llamamiento a los eurodiputados para que cumplan su compromiso con el sector y ayuden a modificar el texto de Ciolos con sentido común.

Pérez y López han abogado por la unidad de acción en la lucha contra la actual propuesta de reforma de la PAC y han valorado en este sentido la declaraciones en contra de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y de la consejera del ramo, Silvia Clemente, a las que han pedido que no se distraigan y confronten durante la campaña electoral, en lo que sería "hacer un flaco favor" al sector.

El coordinador regional de COAG ha expresado su preocupación asimismo por la falta de referencias en la propuesta de reforma de la PAC a las políticas relacionadas con medidas de intervención, regulación, control de la cadena alimenticia y precios, que representan el 70 por ciento de los ingresos de los agricultores y ganaderos, y ha acusado a Ciolos de dejar tirados con su propuesta a los productores que han pagado por derechos de producción en sectores como el vacuno de leche y de carne o por el viñedo.

Pérez y López han cargado especialmente contra la nueva definición de agricultor activo y contra conceptos como la tarifa plana, que contempla una ayuda base para todas las superficies, indistintamente del territorio en el que se encuentren o de la capacidad productiva de las mismas. "Es otra barbaridad" de la propuesta ha considerado el secretario regional de UPA, que ha cuestionado también el establecimiento de 300.000 euros como techo de ayudas, una cantidad "excesiva, indigna, inmoral e inasumible", que debería ajustarse, a su juicio, a la generación de puestos de trabajo.

Finalmente, han cuestionado que se fije 2014 como año de referencia para cobrar las ayudas y ha augurado que ese año la superficie declarada pasará de los 16,8 millones de hectáreas de 2011 a 30 millones lo que obligará a dividir el mismo sobre entre el doble de hectáreas.