La asociación ecologista Arca, promotora de la mayoría de los procesos que han desembocado en sentencias firmes de derribo contra urbanizaciones en la costa cántabra, cree que la posibilidad de indemnizar a los propietarios con carácter previo a la demolición que abría la Ley de Derribos es una "trampa" con la que se pretende no ejecutar los fallos judiciales.

Esta ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento cántabro la pasada legislatura, fue objeto de una cuestión de Constitucionalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), cuestión que acaba de ser admitida a trámite.

Para Arca, esa medida que se incluyó fue un "montaje", ya que, según ha explicado a Europa Press su presidente, Gonzalo Canales, lo que sucederá es que las administraciones se "ampararán" en que "no hay dinero", de modo que, con este argumento, "ni indemnizarán ni tirarán".

Del mismo modo, en la asociación ecologista creen que el plan para la ejecución de sentencias elaborado por el nuevo Gobierno regional y presentado este lunes en el Parlamento es una "absoluta estafa" que en realidad esconde el intento de "legalizar el mayor número posible de viviendas".