El pleno del Parlament ha aprobado por unanimidad instar al Govern a que lleve a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para que la comunidad pueda disponer de los más de 30 millones de euros que supondría la recaudación del Impuesto de Patrimonio en las islas.

Durante la sesión de este martes, el PP ha revelado que "no renunciará" a esta cantidad, si bien ha añadido una modificación al punto de la moción socialista para que éste contemple también la compensación que, según creen basándose en una Ley Orgánica, se debe realizar a la comunidad.

En el pleno, el encargado de defender esta moción de la que sólo se han aprobado tres puntos, el diputado socialista, Antoni Diéguez, ha criticado que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, haya "recorrido los medios de comunicación llorando la herencia recibida" cuando al Ejecutivo "se llega llorado de casa".

En este sentido, se ha manifestado también la parlamentaria del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Joana Lluïsa Mascaró, quien ha apuntado que el líder de los 'populares' "sólo llora" desde hace casi cuatro meses.

Durante su intervención, el PSIB ha criticado que Bauzá "prometiese humo" y que "la distancia entre las promesas y la realidad es infinita". Además, Mascaró ha incidido en que el Govern de Bauzá "debe hacer algo más que criticar al anterior Govern" y ha exigido a los 'populares' que presenten su proyecto político en materia económico.

Por su parte, el PP ha replicado a la oposición que no les dé "ninguna lección" en materia de diálogo social. Además, ha indicado que no han "renunciado" a los 240 millones de euros del Fondo de Competitividad, puesto que se trata de una cantidad que es "nuestra y muy necesaria". Al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "se le tendría que caer la cara de vergüenza de no querer pagar el dinero que nos pertenece", ha indicado el diputado 'popular' Antoni Camps.

Los otros dos puntos aprobados por unanimidad han sido mostrar el apoyo del Parlament al Govern para que consiga "con la máxima urgencia" la aprobación de crédito a corto plazo para hacer frente al pago de proveedores, priorizando a los del ámbito social y a la micro y pequeña empresa; así como instar al Ejecutivo autonómico a cumplir con la Ley de la Buena Administración y del Buen Govern.